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Hoy Estados Unidos está convulsionado. El asesinato de George Floyd ha generado protestas masivas en todo el país. También aquí, el asesinato de líderes ambientales y sociales ha movilizado a los colombianos. Las movilizaciones fueron temporalmente detenidas por el COVID-19, pero empiezan a reactivarse.

Entre múltiples manifestaciones recientes, el Foro Nacional Ambiental (FNA) protesta por el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. El FNA reclama “acciones ya” del Gobierno y las autoridades frente a los ataques contra la vida en Colombia.

Como lo señala el comunicado “Por el cuidado y la defensa de la vida en todas sus formas” (FNA, 29/05/2020), hoy respaldado con la firma de miles de colombianos: “Es grave la situación que enfrentan los/as líderes/as y defensores/as sociales y ambientales en Colombia, quienes continúan sufriendo amenazas y siendo víctimas de asesinatos, incluso en medio del aislamiento preventivo obligatorio”.

La situación en Estados Unidos y Colombia es solo “la punta del iceberg”. Sobre el océano solo vemos una masa pequeña de hielo, su parte superior, pero por debajo hay una larga y compleja historia que lo soporta. Esa gran masa que lo sostiene y explica está ligada a la historia de cada país y a las vidas de sus pobladores.

En Colombia, los defensores del territorio, negros, indígenas y campesinos son las víctimas más frecuentes y han sido perseguidos y asesinados por muchos años y en múltiples escenarios. Pero ahora lo están siendo de manera sistemática. Son víctimas de una guerra que no provocaron, que no lideran y en medio de la cual han vivido por años y años. En sus territorios convergen múltiples actores que buscan cada uno imponer su ley y resulta estremecedora la convergencia entre todos ellos.

En los primeros cuatro meses de 2020, según la Fundación Ideas para la Paz, fueron asesinados 49 líderes sociales en Colombia. En Cauca, donde la población indígena ha sido especialmente golpeada, se registró casi una tercera parte de todos los homicidios. Le siguen Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Huila, Choco y Córdoba. Los líderes más afectados continúan siendo los presidentes de juntas de acción comunal, siendo el 33 % de las víctimas.

En Estados Unidos la historia muestra, según datos de su Oficina de Estadística de Justicia (2019), que la probabilidad de ir a prisión de un blanco es seis veces menor que la de un negro y casi tres veces menor (2,7) que la de un hispano. Según Mapping Police Violence (2019), la probabilidad para un negro de morir en un evento relacionado con la policía es tres veces mayor que para un blanco. En Colombia no es tanto blanco contra negro —racismo, que también lo hay—, sino todos contra las cabezas rurales de cualquier color.

En Estados Unidos el derecho a la movilización y la protesta ha sido ejercido de manera masiva y tiene un objetivo claro: protestar por la violencia de la policía contra los negros y el racismo ejercido en múltiples espacios y de manera sistemática. En el caso colombiano, son muchos los actores que han ejercido violencia contra negros, indígenas y campesinos, y la frecuencia y crudeza de los asesinatos ha llegado a límites inimaginables. Tenemos que gestionar y ejecutar una estrategia efectiva para erradicar esta violencia que destruye nuestro tejido social, ambiental y económico.

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