Por: Armando Montenegro

De premios y castigos

EL ZAR FINANCIERO DE COREA DEL Norte fue fusilado sin contemplaciones. El infeliz funcionario, Pak Nam-gi, introdujo una reforma monetaria que sumió en el caos a la economía de su país y le acarreó serios perjuicios políticos al régimen totalitario que lo rige.

En algunos países de América Latina no se imponen penalidades a los funcionarios que hacen daño a la sociedad, sino que, por el contrario, con frecuencia, se castiga a los buenos y se premia a los malos, un comportamiento tan dañino como la absurda brutalidad del régimen de Kim Jong Il.

En Argentina, por ejemplo, el gerente del Banco Central, Martín Redrado, fue despedido por haberse resistido a la irresponsable decisión de utilizar las reservas internacionales para pagar la deuda externa del gobierno (en su reemplazo se nombró a una política de bolsillo de la familia presidencial). Por su parte, el régimen de los Kirchner está destruyendo con impunidad la legendaria industria de la carne de su país. Para financiar sus gastos populistas impuso arbitrarios tributos a las exportaciones de ese producto. Se cayó, en consecuencia, la rentabilidad de ese negocio y los ganaderos orientaron sus tierras a la producción de soya y otros productos. Como la oferta de carne está cayendo, sus precios suben todos los días, y el gobierno, para evitar el descontento popular, ha introducido mayores controles, lo que hará que se reduzca aún más la producción de carne. No está lejano el día en que Argentina importará carne de Brasil, algo tan humillante en el Río de la Plata como alinear brasileños nacionalizados en su gloriosa selección de fútbol.

Por su notable tradición tropical, el sector público en Colombia está más cerca del de Argentina que del de Corea del Norte. En lugar de premios y encomios por su firme postura contra el crimen y la corrupción, los miembros de la Corte Suprema de Justicia sufren amenazas, seguimientos y maltratos. Muchos de los afectados no le perdonan al ex alcalde Enrique Peñalosa que hubiera ordenado el espacio público de Bogotá. Y, en muchos casos, funcionarios valerosos han recibido la reprobación y el castigo por tratar de introducir mejoras al funcionamiento del Estado (los reformadores del sector público, como los redentores, con frecuencia, salen crucificados).

En cambio, el interminable caos de Bogotá, originado en la incapacidad de contratar las obras de Trasmilenio, ha sido premiado con la resignación y el olvido. Con seguridad, muy pronto se olvidarán también de la improvisación en el manejo de la mal llamada emergencia social, el despelote de la Registraduría, el alud de votos sospechosos del Valle y la compra masiva de sufragios, a la vista complacida de algunas de las autoridades.

La destrucción del régimen tributario del país a punta de exenciones, contratos de estabilidad y zonas francas recibe, contra toda evidencia, elogios de los responsables y sus selectos beneficiarios. Lo mismo ha sucedido con las cuestionables políticas que han asegurado que la primera década del siglo XXI hubiera pasado en blanco en materia de la construcción de infraestructura de transporte en Colombia.

Una curiosa excepción a la complacencia oficial con las fallas de los funcionarios fue la selectiva furia del gobierno (casi norcoreana) por la aparición de un par de vasos de whisky en medio del conteo de los votos en la Registraduría.

 

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