Por: Marcelo Caruso A.

De raizales y derechos humanos

Intentando comprender la realidad del Archipiélago, conocí por boca de estudiosos raizales del movimiento Amen, la apasionante historia de su liberación, un 4 de julio de 1818, por la flota del corsario y revolucionario francés Louis Aury.

 Lograban su independencia del yugo español y de su corrupto gobierno operado por aventureros ingleses, gracias a quien, enamorado de la magia del Caribe, navegaba como libertador bajo la bandera argentina, cuyos colores están en la del Archipiélago y de varios de los países de Centroamérica que ayudó a liberar. Encontré unos pocos artículos de historiadores que rescatan su vida y obra, nunca oficialmente reconocida ni menos aun difundida. Recomiendo leerlos para entender los orígenes de la hermosa historia de un pueblo multiétnico y multicultural, que incluye en su composición originaria a holandeses, ingleses, irlandeses, españoles, afrodescendientes, indígenas, y muchos otros. Liberados de la colonia pero también de la esclavitud, convivieron y crecieron pacíficamente, hasta que la región se conmociona con las cañoneras de la doctrina del presidente Monroe, que habiéndoles robado Texas a los mexicanos, apunta a separar a Panamá y afirmarse en el Caribe. Frente a ese auge neocolonial y el nacimiento de lo que se definirá como el imperialismo, los raizales basados en una cultura abierta y democrática heredada de la memoria oral de los jacobinos discursos de Aury, no aceptan sumarse a la estrategia anexionista y divisionista del Tío Sam, y en el mismo momento que se produce la separación inducida de Panamá, deciden integrarse sin condiciones y como pueblo autónomo a la República de Colombia. Integración que hoy no tiene soporte pues el Gobierno “no encuentra” el documento firmado.

La respuesta del Gobierno colombiano ante tan generosa decisión, deja en evidencia toda la soberbia colonialista con la que se ha tratado al pueblo raizal hasta nuestros días. La ley 52 de 1912 en su artículo 14 autoriza “al Gobierno para conceder pasajes gratis en los buques de la Nación, a las familias de cuatro o más individuos que deseen ir al archipiélago a domiciliarse”. Allí comienza la tragedia de la isla oceánica más sobrepoblada del mundo, y de un pueblo que al arrebatarle su territorio se lo conduce a su gradual exterminio cultural y calculada extinción. De nada sirvió que la Corte Constitucional reconozca a todo Archipiélago como Territorio Raizal, o que el Plan de Desarrollo vigente ordene que todo bien o propiedades incautadas al narcotráfico, deberán destinarse al beneficio del pueblo raizal, y no a construir hoteles, centros comerciales y cuarteles, como hoy sucede.

Los problemas del pueblo raizal van mucho más lejos que los catastróficos efectos del fallo de La Haya, con su solapada defensa de los intereses de transnacionales de China, Estados Unidos y Rusia. Es un pueblo maltratado, que como reparación requiere se le retorne gradualmente su autonomía territorial y el acceso a su propia cultura, al igual que pactado con los indígenas y que deberá hacerse con los negros y afrodescendientes.

Si no se entiende el trasfondo histórico del creciente descontento de los raizales, el reducido Plan San Andrés que anuncia la inversión de 70 millones de dólares para compensar las violaciones a sus derechos humanos, alimentará viejos y nuevos conflictos que chocarán con el espíritu de paz y reconciliación al que aspiramos las mayorías en Colombia. Algo que debería repensar su administrador designado, Rudolf Hommes, otro continental que sobrepuebla la isla de Providencia, antes de salir a anunciar sus contenidos sin haberlos siquiera discutido con las autoridades del Archipiélago, y menos aún sin considerar la consulta previa con los raizales. El espíritu defensor de derechos humanos que movía a Aury y sus oficiales, pervive en el pueblo raizal, y habrá que escucharlo, comprenderlo y respetarlo, antes de que su única alternativa sea levantarse por su segunda independencia, a la que seguramente no le faltarán ofertas de banderas.

 

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