Por: Columnista invitado

¿De regreso al Estado de opinión?

La columna "Consulta sobre el subsidio a los toros” (El Espectador, feb. 6/15) requiere de unas cuantas precisiones, aunque a primera vista parezcan innecesarias viniendo de un jurista de la talla de César Rodríguez.

Inicia la columna poniendo de presente una cita de la sentencia C-666 de 2010 que es pertinente reproducir: “[los alcaldes] pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el cual ejercen su jurisdicción”. La Ley 916 de 2004 (Reglamento Nacional Taurino), que ni siquiera se menciona en la columna, señala que, para el caso de las plazas de toros no permanentes, los alcaldes tienen la potestad para permitir o no la realización de espectáculos taurinos. La Corte, en este punto, no dijo nada nuevo a lo que la ley ya había estipulado.

Caso distinto el de las plazas de toros permanentes. Son estas, según la Ley 916 de 2004, “aquellos edificios o recintos específica o preferentemente construidos para la celebración de espectáculos taurinos”, y es la misma ley la que señala que la plaza de toros de Santamaría es una de ellas. Cuando existen estas plazas permanentes y se verifica la tradición taurina en la ciudad, no se requiere el permiso de los alcaldes para realizar allí espectáculos taurinos. Fue clara la Corte Constitucional en 2012: “se mostraría desproporcionado que la autoridad administrativa tuviera competencia para prohibir, en las condiciones anotadas, la actividad taurina en los inmuebles que han sido construidos con ese propósito”.

Pero el principal yerro en que incurre la columna se da en las elucubraciones con que pretende justificar la consulta popular. La plaza de Santamaría no fue construida con recursos públicos, como afirma el columnista; pero lo más grave es afirmar que los taurinos reciben un “subsidio” al utilizar un bien de propiedad del Distrito. La actividad taurina que allí se desarrollaba debía pagar al Distrito una contraprestación por el uso del escenario. Adoptar la tesis desarrollada en la columna llevaría a equívocos, como el afirmar que cuando el Distrito da en arrendamiento el coliseo El Campín a organizaciones cristianas está subsidiando sus actividades, y por lo tanto dándoles un privilegio, contrario al Estado laico.

Aunado a lo anterior, olvida la columna que la sentencia T-296 de 2013 no hizo referencia al contrato de arrendamiento que tuvo la Corporación Taurina con el Distrito, como tampoco a si deben permitirse los toros en Bogotá. Versó sobre un problema jurídico más definido: ¿es contrario a la libertad de expresión el no permitir el uso de la plaza de Santamaría para los toros? La Corte decidió que en efecto lo era, y que, en consecuencia, la plaza de toros de Santamaría —único escenario taurino de Bogotá—, debía restituirse en un plazo determinado para la realización de espectáculos taurinos.

Creo que el jurista Rodríguez es un defensor de la democracia constitucional y del Estado social de derecho. Por ello me sorprende que busque, con ligeros análisis, vías para justificar la tiranía de las mayorías o el “Estado de opinión”.

 

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