Por: Darío Acevedo Carmona

De Santa fe de Ralito a La Habana

Es cierto que las negociaciones de paz entre el estado colombiano y los grupos paramilitares no fueron perfectas, que hubo impunidad, que un porcentaje superior al diez por ciento de los desmovilizados han reincidido en la delincuencia.

Pero, si de hacer memoria se trata, como lo planteó María Elvira Samper (El Espectador 6/04/2013) sería saludable que la hiciéramos a fondo, contemplando todas las aristas del problema y de la coyuntura en que tuvieron lugar esas conversaciones en vez de citar aisladamente lo que a ella conviene.

Veamos: en primer lugar, los diferentes grupos de autodefensa se habían confederado y tomado la decisión de dejar las armas y cesar sus acciones violentas. Sus jefes, como ahora los de las guerrillas, pensaron que podían aspirar a hacer política, a obtener el perdón total y a no ir a la cárcel. Esto último estuvo en la mesa de diálogo, unos acuerdos iniciales fueron debatidos ampliamente por todos los sectores de opinión. El Polo Democrático, por ejemplo, llegó a decir que esa era “una negociación de yo con yo”, afirmación que recoge sin objeciones la columnista Samper. Todos los poderes públicos participaron en la estructuración del estado del arte finalmente consignado en la ley de Justicia y Paz. Las Cortes, el Congreso, el gobierno Uribe y la Fuerza Pública hicieron valer sus opiniones.

Respecto de los hechos de violencia es constatable una reducción considerable desde que se inició el diálogo. El número de masacres año, uno de los delitos que más dolor causaba entre la gente pobre del campo bajó de tres a un dígito hasta desaparecer aquellas que tenían supuestas motivaciones políticas. La persecución y asesinato de líderes políticos también disminuyó considerablemente. Las fuerzas de izquierda y los líderes sociales pudieron adelantar su trabajo en condiciones más seguras. La izquierda democrática en 2006, con Carlos Gaviria, alcanzó la votación y la bancada más numerosa en su historia.

No creo que apelar a acciones aisladas de saboteo de los compromisos sea un buen argumento para desdecir de ese proceso. Los que estudian con seriedad esas experiencias saben que siempre hay un margen de violaciones. Aclaremos que ahí no reside el embrollo y la duda con la negociación que se realiza con las Farc en La Habana.

A pesar de que los jefes paramilitares pretendieron salir a hacer política no les fue permitido y es lo que se debe resaltar. De por medio estaba el honor y la dignidad de sus miles y miles de víctimas. No entendería el pueblo colombiano que hoy se insista en otorgarles a criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad elegibilidad o altos cargos públicos.

Traer a cuento la experiencia de perdones totales, amnistías e indultos, participación política y cuotas burocráticas que tuvo lugar a comienzos de los noventa con el M-19, el EPL, un sector grande del ELN y otras guerrillas y combos urbanos, carece de sentido por la sencilla razón de que el contexto jurídico y el estado del derecho internacional humanitario es bien diferente y ya no permite tales bondades a cambio de firmar la paz.

En cuanto al espinoso tema del castigo penal, uno de los que más ampolla levanta, es bueno anotar que lo que se está sugiriendo hoy en día desde la ley Marco para la Paz (aprobada antes de, la de Justicia y Paz fue aprobada al final) y en declaraciones de presidentes del Congreso, el Fiscal General y magistrados es bien diferente de lo que se logró en la negociación con los paramilitares. Las críticas al actual proceso no apuntan a la aplicación de justicia plena, se entiende que habrá impunidad, pero hay razones éticas y de contexto normativo que se deben respetar. Desde la tensión ética es inaceptable que los altos jefes guerrilleros responsables de graves crímenes resulten nombrados en altos cargos de elección popular bajo el claudicante argumento de que “es mejor Timochenko en el Congreso que echando bala”. Y, desde el punto de vista normativo, es preciso recordar que la salvedad solicitada por Colombia a la Corte Penal Internacional para juzgar a criminales de guerra en el país venció en noviembre de 2009. De ahí en adelante, y con mayor razón aquellos delitos de lesa humanidad, hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico y no pueden ser omitidos en ninguna negociación. La única opción que queda y que no es humillante es que en aras de la paz se aplique a los responsables de graves delitos penas alternativas admitidas por la justicia transicional. No olvidemos que los jefes paramilitares están aún en las cárceles, unos en Colombia y los más peligrosos en USA.

Una diferencia final es que en Santafe de Ralito no se discutió ningún tema de la Agenda Nacional.

En conclusión, lo que muchos criticamos de este proceso no es que sea imperfecto o que se haya iniciado una negociación sino que se haya comenzado sin la voluntad expresa de dejación de armas y cese de acciones violentas por parte de las guerrillas. Se espera que haya algo de cárcel, que no se les dé elegibilidad política, que reconozcan a las víctimas, contribuyan a la verdad, reparen y pidan perdón. Lo mismo que se les aplicó a los grupos paramilitares y sin falta: dejación y entrega de armas. 

No aporta nada al debate revivir viejas querellas acerca de la percepción de blandura que muchos columnistas atribuyen al expresidente Uribe con los paramilitares y dura con las guerrillas, que utiliza María Elvira para escribir con el hígado en vez de con la razón que la de Santafe de Ralito fue una negociación que “se hizo entre dos partes con los mismos objetivos políticos” –los fundamentalistas islámicos buscan el cielo con sus actos de terror, también buscan el cielo los pacíficos creyentes en Alá- tener el mismo fin no los hace iguales. Lo dicho por Samper  es una burda claudicación a una consigna extremista que iguala el Estado con grupos criminales, y a quienes piensan que las guerrillas tienen un mayor estatus ético y político que los paramilitares  de donde se desprende el clamor por mayor indulgencia en La Habana.

CODA: Mientras el Fiscal General se deslengua abogando por total impunidad para jefes guerrilleros, el exAlto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que logró la desmovilización de miles de paramilitares, tiene a sus espaldas una infame orden internacional de captura. Es una lástima que gente que compartió responsabilidades con él guarden silencio. Con amigos así...

 

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