Por: Luis Fernando Medina

De Todos en General y de Ninguno en Particular

¿Qué tienen en común los debates sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sobre las "alianzas de productores" de la palma africana? Geográficamente los dos temas no podrían ser más distintos: el uno se refiere a las grandes ciudades (especialmente Bogotá donde el tema se ha puesto al orden del día) y el otro a la altillanura del país.

Pero políticamente ambos generan polarizaciones similares entre izquierda y derecha. Esto no es gratuito y la explicación, aunque parezca sorprendente, tiene que ver con un asunto arcano de teoría económica: aquello que los economistas llaman "rendimientos crecientes a escala."

Los rendimientos crecientes a escala ocurren cuando en una actividad productiva cualquier aumento de los insumos genera un aumento más que proporcional en el producto. En ese caso, una empresa que duplique su tamaño aumenta su rentabilidad en más del doble: crecer paga. Desde ese punto de vista, la construcción en zonas urbanas de alta densidad y la producción de aceite de palma se parecen. No es lo mismo construir un centro comercial en una zona céntrica rodeada de edificios de veinte pisos o más (como en Manhattan, digamos) que en una zona de baja densidad. En el primer caso el mercado es mucho más grande y por tanto hay muchas más opciones de rentabilidad. De la misma manera, no es lo mismo instalar una planta extractora de aceite para quinientas hectáreas que para cinco mil. 

Esto, que parecería a simple vista un detalle técnico abstruso de interés solo para ingenieros y economistas, tiene enormes implicaciones políticas. Generalmente, en los debates ideológicos se suele suponer que es fácil decir quién produjo qué. El panadero produjo el pan, y por tanto es dueño de la rentabilidad que el pan genere, el peluquero produjo los servicios de peluquería de modo que a él le corresponden los ingresos de su negocio y así sucesivamente. Pero cuando hay rendimientos crecientes a escala no está para nada claro quién es el verdadero "productor" de la riqueza. Si por arte de magia fuera posible trasladar las lujosísimas tiendas de modas de la Quinta Avenida de Nueva York a un pueblo en el centro de Kentucky no podrían generar la misma riqueza que hoy generan. Entonces, ¿quién produce esa riqueza? ¿Los dueños de las tiendas? ¿La ciudad de Nueva York que ha proporcionado la infraestructura? ¿Los constructores de las viviendas altamente concentradas de la zona? ¿Los neoyorquinos? Es imposible saberlo con certeza. La respuesta es, en últimas, todos en general y nadie en particular. Por lo tanto, a la hora de repartir los beneficios cada actor del proceso puede reclamar legítimamente una parte. Cuando se enfrentan dos reclamos, uno de ellos legítimo y el otro no, se trata de un problema legal; alguien está robando a alguien y las cortes decidirán qué hacer. Pero cuando ambos reclamos son legítimos, se trata de un problema político; hay que negociar. Tanto en el caso del POT como en el de las grandes producciones de palma, la presencia de grandes rendimientos a escala hace que el reparto de la riqueza generada sea ineludiblemente un asunto político. 

En Bogotá, buena parte del debate en torno al POT tiene que ver con quién se apropia de las plusvalías que podrían resultar si se aumentara la edificabilidad de la ciudad, especialmente en el centro. A simple vista parecería que las empresas constructoras son las que generan la riqueza producto de las nuevas construcciones. Pero esto ignora varios detalles. En primer lugar, la edificabilidad misma es producto de decisiones legales y administrativas tomadas por la ciudad: sin esas decisiones no hay construcción que valga. La ciudad es, en esa medida, partícipe de la generación de esa nueva riqueza por lo que es legítimo que adquiera parte de ella. Por otra parte, la mayor edificabilidad genera más densidad, lo cual a su vez hace que el valor de cada nuevo predio aumente en virtud de la construcción de más predios aledaños. 

Algo similar ocurre con la producción industrializada de palma africana. Los dueños de la tecnología aportan, sin lugar a dudas, una parte importante de las condiciones necesarias para generar riqueza. Pero buena parte de la rentabilidad generada se debe a la capacidad de vincular grandes extensiones de tierra. Mientras más grandes más fácil es amortizar la inversión inicial y por tanto, más rentable el proyecto. Ahora bien, el tamaño de estos proyectos depende en algunos casos de decisiones del Estado que regulan el acceso a baldíos en otros de la agregación de varias pequeñas unidades campesinas que si bien por separado no son muy productivas, al combinarse posibilitan un proyecto de gran magnitud y alta rentabilidad.  

De modo que en ambos casos nos encontramos con el principio arriba esbozado: existe una riqueza que es producida por todos en general y por ninguno en particular. Esto no nos ayuda a definir exactamente cómo se debe repartir esa riqueza. Por tanto, no es éste el sitio para decir si el POT actual es bueno o si las alianzas productivas son malas, o viceversa. Pero lo que sí debe quedar claro es que en ambos casos, y en muchos otros de naturaleza similar (como el de la explotación de recursos minerales o la diversificación de riesgos que permite una EPS en el campo de la salud) es responsabilidad del gobierno pertinente, ya sea el Distrito o la Nación, velar por los intereses de todos los participantes en la generación de riqueza, una lista que puede incluir a todos los ciudadanos, y no solamente de los que aparentemente son los productores. Para cumplir con esa responsabilidad, el gobierno debe negociar enérgicamente. Obviamente, no se trata de imponer condiciones imposibles que terminen por volver inviables los proyectos. Pero sí hay que tener claro que el discurso de la “confianza inversionista” no puede convertirse en un pretexto para que el gobierno sea duro ante los débiles y blando ante los fuertes porque ningún país que aspire a la paz aguantaría eso. ¿O será que sí?

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