Por: Mauricio Botero Caicedo

De tomates y de reformas tributarias

Como sabe todo el país, la Corte Constitucional, haciendo gala de admirable integridad, consideró que el fast track constituía una sustitución a la Constitución al erradicar la separación de poderes, pues limitaba el del Congreso de manera grave al no poder los congresistas introducir cambios a los textos sin el visto bueno del Gobierno. Los defensores a ultranza del Gobierno claman al cielo porque el país no entiende que el fast track (el mismo que se utiliza para aprobar el presupuesto, las reformas tributarias y los tratados comerciales internacionales) es el mecanismo idóneo para tramitar los acordado por el Gobierno en La Habana. La exministra Cecilia Álvarez Correa, en su columna en El Tiempo (mayo 22/17), afirma: “La Corte, por ver el árbol, dejó de ver el bosque. Pregunto a los magistrados: ¿hay sustitución de la Constitución cuando el Congreso pasa la ley del presupuesto cada año, en donde no hay punto ni coma que queden aprobados si no tienen expresamente el aval del Gobierno? ¿No ocurre algo parecido en el caso de las reformas tributarias, razón de la existencia de los congresos en el mundo, pero que por ley colombiana se establece que solo son aprobados los tributos que el Gobierno Nacional avale?”.

¿La sagaz exministra realmente cree que lo aprobado en La Habana se parece a un “presupuesto” o una “reforma tributaria” cuyo impacto en la sociedad, siendo importante, no es definitivo? ¿Será evidente para la Dra. Correa que tampoco se trata de un tratado comercial en donde las condiciones para comercializar tomates o aguacates de ninguna manera afectan la constitucionalidad del país? El Acuerdo de Paz, y pregúntele a Enrique Santiago, en esencia busca es la sustitución de una democracia liberal por un sistema que en parte importante incorpora todas las arbitrariedades y desatinos del “Socialismo del Siglo XXI”. Lo firmado en el Acuerdo, como lo revela Jaime Castro, es nada menos que la subordinación de la Constitución y de manera burda lo que en La Habana se ha pretendido es despojar a la Corte y al Congreso de competencias que les son propias. El exalcalde Castro no anda con rodeos: “Todas las instituciones y autoridades de la República queden obligadas a respetar el Acuerdo firmado con las Farc. Para que ese deber exista, hay que aceptar que el Acuerdo pasa a ser, en toda y cada una de sus partes, elemento de la Constitución. Esta decisión no deroga, por si sola, la Carta del 91, pero la subordina por completo. Si alguna parte de las 311 páginas del conocido como «el mejor acuerdo del mundo» pudiere ser entendida como pugnaz o discordante con la Carta del 91, prevalecerá sobre esta... Las contradicciones que entre ellos existan, que son muchas, se deberán resolver dando prelación al nuevo texto. Eso significa que el acuerdo con las Farc desplaza, al producirse su incorporación constitucional por acto del Congreso, cualquier norma anterior así ella tuviese jerarquía constitucional”.

Un presidente o un ministro de Hacienda que se atreviera a llevar al Congreso un tratado comercial, un presupuesto o una reforma tributaria que subordinara la Constitución, muy seguramente sería llevado a juicio por razones de manifiesta y prematura demencia. Comparar el Acuerdo de La Habana —que busca modificar el modelo económico y social como el precio para alcanzar la paz— con tomates y aguacates, presupuestos o reformas tributarias, más que un gazapo, es un error.

 

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