Periodismo y posconflicto: retos y desafíos para el próximo cuatrienio

hace 1 hora
Por: Salomón Kalmanovitz

De tributos justos

EL GOBIERNO TUVO QUE ADMITIR que su política tributaria conducía a la debacle fiscal.

En efecto, se calcula que el déficit del Gobierno Central será de -3,7% del PIB en 2009 y -4,3% en 2010, basado en supuestos optimistas. Ante esta cruda realidad, el presidente Uribe propuso una reforma timidísima.

¿Cómo tapar el hueco fiscal que puede superar fácilmente $25 billones el año entrante? Una propuesta del ex ministro Alberto Carrasquilla, muy provocadora por cierto, es que se venda Ecopetrol. Lo primero que hay que preguntarse es cuánto vale la empresa estatal. Una proyección de las ganancias que obtendrá este año es de $6 billones. Descontemos el capital con un rendimiento del 15% y nos daría un valor intrínseco de la empresa de $40 billones, del cual los particulares ya poseen un 11%, o sea que podría liquidarse por $35,6 billones.

Se podría dedicar ese dinero a prepagar la deuda externa contraída a una tasa promedio de 7%, con lo cual estaríamos sacrificando 8% anual de rendimiento. Se taparía el hueco fiscal durante año y medio, pero hacia futuro se continuaría presentando un faltante porque el problema es de flujo de caja: los egresos del Gobierno son sistemáticamente mayores que los ingresos. En verdad, no remedia el problema ni es buen negocio, Alberto.

También reconoció el presidente Uribe que sus exenciones tributarias son muy costosas, pero sólo redujo del 40 al 30% el descuento por compra de bienes de capital. No conozco un país en el mundo donde una parte tan importante de la acumulación de maquinaria corra por cuenta de los contribuyentes, lo cual no es sólo inequitativo y lesiona el empleo sino ineficiente e inocuo. El regalo equivale todavía a $3 billones, cuando la prolongación y ampliación del impuesto al patrimonio busca sólo $2 billones.

El impuesto al patrimonio es antitécnico porque recae sobre las empresas que cuentan con patrimonios voluminosos: minas y petróleo, empresas de servicios públicos y las compañías más antiguas. Sería mejor aplicar el impuesto al patrimonio a los particulares, que sería una forma de reintroducir la doble tributación, abolida en la reforma tributaria de 1974 —¿cierto Perry?— pero con tasas más altas que un 6 por mil. Otro impuesto progresivo, prácticamente desaparecido en la misma reforma, fue el de las herencias, que es el que puede poner en algún pie de igualdad a los que nacieron con cucharita de oro frente al resto de clase media hecha a pulso.

Lo que se necesita es una reforma tributaria a fondo, basada en el impuesto a la renta, que lo haga justo: que la distribución del ingreso mejore sustancialmente después de pasar por el filtro de los impuestos y del gasto público. En la actualidad, a duras penas la mejora un tris.

El sistema debe ser simple y no tener exenciones, con lo cual podría basarse en tasas nominales más bajas pero efectivas mayores, haciendo realidad el principio de que los que más tengan más contribuyan. Reducir los parafiscales contra el empleo ayudaría a que éste no se deteriore tanto en la recesión. Una reducción del impuesto a las transacciones contribuiría a la bancarización de la economía. Por último, un impuesto a la tierra, administrado por la DIAN, obligaría a que los propietarios de tierras sean parte de los que financian el Estado que tanto los ha defendido con los recursos de los demás.

* Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

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