Por: Elisabeth Ungar Bleier

De trinos y otros ruidos

UNO DE LOS ARGUMENTOS MÁS utilizados en Colombia para descalificar a un funcionario público es decir que esta o aquella decisión, o que tal o cual afirmación, están siendo utilizadas políticamente.

 

Como si las decisiones, acciones y declaraciones de las personas que ocupan cargos públicos no fueran, por excelencia, políticas. Es decir, relacionadas con la esfera de lo público. Otra cosa muy distinta sucede cuando las actuaciones o declaraciones de los funcionarios públicos son utilizadas con fines particulares, o para favorecer a privados.

Además de contribuir a desprestigiar la política y a desvirtuar su razón de ser, este tipo de descalificaciones coadyuva a la polarización del país, en la medida en que transmite la idea errónea de que algunos son poseedores de la verdad, representantes de “intereses superiores” y que los demás están obrando de manera egoísta.

Esto es lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas a raíz de las declaraciones de algunos exfuncionarios y exasesores del anterior gobierno y del mismo expresidente Álvaro Uribe, en respuesta a declaraciones y decisiones del presidente Santos o de miembros de su equipo que en pleno ejercicio de su autonomía han modificado algunas políticas adoptadas durante los últimos dos cuatrienios; y cuando reaccionan frente a decisiones de representantes de los órganos de control y de la Rama Judicial, que involucran a antiguos colaboradores del exprimer mandatario.

Algo similar ocurre cuando se pretende hacerles creer a los colombianos que el capital político o la ideología de un partido político, en este caso el Partido de la U, le pertenecen a una persona o a un grupo de sus seguidores y no a todos los que votaron por sus candidatos, tanto al Congreso como a la Presidencia, y a quienes resultaron electos en nombre de esta colectividad. Y que por ello, deben seguir sus programas al pie de la letra o pedir permiso para modificarlas. Es como si las organizaciones políticas, sus propuestas y programas, y las políticas públicas puestas en marcha en su nombre, fueran de propiedad de las personas y no de las instituciones y sobre todo de los ciudadanos. Frases como: “A muchos nos duele la violencia, otros la aprovechan para su ascenso político”, utilizada el pasado 15 de abril por el expresidente Uribe, son un buen ejemplo de esto, con el agravante de que llevan implícita una descalificación a quienes no siguen al pie de la letra los lineamientos de los que se consideran los dueños de esas políticas. O afirmaciones como la del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en un evento del Centro de Pensamiento Primero Colombia en Ibagué, en el sentido de que “El uribismo ganó las elecciones y perdió el gobierno (…)”, las cuales llevan implícito el mensaje de que son sólo unos cuantos los elegidos que tienen el derecho de formar parte de las huestes uribistas.

Los intereses colectivos no pueden estar sometidos a los estados anímicos de las personas, así éstos hayan ocupado las más altas posiciones del Estado. La política la hacen las personas, pero un requisito para que un Estado democrático funcione eficaz y eficientemente es que éstas actúen en el marco de la institucionalidad y del respeto a las reglas del juego de la democracia.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Elisabeth Ungar Bleier