Por: Cristo García Tapia

De Villatina y El Poblado

De estos dos asentamientos urbanos de Medellín, Colombia, quizá pueda decirse que la única diferencia que media entre ellos es la de la estratificación socioeconómica, la cual determina inequívocamente quienes pueden vivir en uno y otro poblamiento de aquellas empinadas laderas.

No obstante, el riesgo de morir sepultados bajo miles de toneladas de tierra es por igual para el habitante de alto estrato de El Poblado que para el marginal de Villatina.

Y no precisamente por designio sobrenatural de alguna vengativa divinidad de esas que abundan en el imaginario colectivo, o por cosa parecida que pueda explicar y hasta justificar cuanto  aun no acaba de pasar en Medellín.

Más bien sí, por el abuso consentido, legalizado e institucionalizado que se da de espacios y territorios cuyas condiciones naturales, fisiográficas y tectónicas, están vedadas para usos y destinos diferentes de aquellos que la naturaleza les ha dispuesto y asignado a lo largo de su historia geomorfológica. 

Que es cuanto se colige del catastrófico alud de miles de toneladas de tierra que un domingo de septiembre de 1987, hace veintiséis años, enterró a más de 500 personas en Villatina, un terreno de la ladera oriental del cerro Pan de Azúcar inhabilitado por la naturaleza para ser transformados en hábitat para humanos.

Y en el de esta mole de concreto de El Poblado, de veintidos pisos, derrumbándose sin misericordia y enterrando, entre cemento y hierros retorcidos, patrimonio y vidas valiosas como las de Villatina. 

A más de un agregado que, adquirido y pagado a precios elevados, resultó ser la ilusoria calidad de los costosos y lujosos edificios que algunas constructoras venden con las sugestivas denominaciones de “construcción sismoresistente” y con “seguridad colectiva garantizada”, cuando ni lo uno y otro es.

Colectiva o particular, la “seguridad” que así se vende no vendría a ser más que un concepto de mercadeo, pues ni la jurídica que pueda expresarse en una normatividad referente y aplicable al uso del suelo en aquellos espacios existe. 

Ni otra, cualquiera sea, la demuestran y certifican los estudios de geotecnia y diseños estructurales previos y cualificados que deberían adelantarse y exigirse para consumar el abuso, la ilegalidad e inconveniencia de construir sobre suelos no aptos para ningún tipo de levantamiento que implique alteración de las condiciones naturales de los mismos.

Y si de seguros cabe, la única póliza que tenía suscrita la Unidad Residencia Space era la de Multiriesgo Empresarial, que cubre e indemniza “daños y sustracción de equipos electrónicos, (equipos de cómputo)”.

De ninguno otro vigente suscrito por la constructora para amparar el conjunto siniestrado se conoce, por tanto las indemnizaciones muy puntuales y oportunas reconocidas por la aseguradora Suramericana y que benefician a varias familias de las torres afectadas, provienen de pólizas individuales suscritas en forma directa o a través de los créditos hipotecarios o de leasing habitacional  por los propietarios de apartamentos.

Otro espejismo de la “seguridad colectiva” incluida en las ofertas de algunos constructores.

Entre tanto, en Villatina, la razón de uso de aquel espacio, si es que hay razón para invocar en ambos casos, fue humana: la necesidad apremiante e imperiosa de un cobertizo donde refugiarse una familia de la tiranía de la pobreza.

En El Poblado, fue económica y lucrativa: el apetito insaciable por la utilidad económica derivada de la escasez  de suelo y la demanda creciente de vivienda de alto estrato y estándares, que omite la previsión del riesgo inherente a su localización terrenal en lugares vedados para ese fin.

En ambos, la catástrofe por error humano.

*Poeta

@CristoGarciaTap

 
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