Por: Augusto Trujillo Muñoz

De vuelta al Estado de derecho

El derecho, como apunta Bodenheimer, es un término medio entre la anarquía y el despotismo. Supone una organización que ofrece equilibrios, garantías, libertades, controles y limitaciones. En consecuencia, no cualquier forma de organización resulta conforme al derecho. Un Estado de poder monta su autoridad sobre la fuerza y un Estado de opinión, sobre las tendencias políticas que él mismo desata. El Estado de derecho exige un sistema de normas jurídicas cuya connotación democrática garantice legitimidad institucional. Tras él subyace una gigantesca fortaleza moral.

El Estado de derecho es un modelo de organización que recoge los principios-valores de una sociedad. Pero también unos procedimientos que garanticen los derechos de individuos y grupos al ejercicio de acciones o recursos para corregir —o ratificar— actos de autoridades legítimas que los afecten. Los procedimientos deben estar diseñados en función del principio axial de la separación de poderes. Por desgracia, el país ha venido asistiendo a un proceso de deterioro del Estado de derecho que resulta preocupante. Los políticos más radicales reclaman un Estado de derecho a su medida y descalifican cualquier decisión, de cualquier autoridad, que vaya en contravía de sus intereses.

En el mundo contemporáneo el juez cumple un rol preponderante. El derecho es lo que dicen los jueces. Sin embargo, el juez no puede decir lo que quiera porque corre el riesgo de abusar del derecho. Los jueces que deciden en función de su racionalidad subjetiva son peligrosos porque toman decisiones que producen efectos deletéreos sobre el Estado de derecho. Tampoco pueden hacer lo que quieran los gobiernos. La idea generalizada de que estos se pueden controlar a sí mismos, a través de sus mayorías parlamentarias, es una impostura.

Las decisiones judiciales más notorias de esta semana recuperan los acentos del Estado de derecho. El Consejo de Estado valida la investidura parlamentaria de un miembro de la antigua guerrilla de las Farc y, en forma consecuente, la Corte Suprema de Justicia se declara competente para investigarlo por unos hechos que se le imputan. En otras palabras, la Fiscalía no tiene esa competencia. Es de esperar que no se repita el montaje de los procesos express que significan una burla grosera al Estado de derecho.

Al momento de escribir estas líneas no se ha desvirtuado la decisión de la Corte. Está bien que se utilicen recursos jurídicos destinados a garantizar que los hechos imputados al antiguo guerrillero no queden en la impunidad. El sistema contempla controles políticos y judiciales que se ejercen de acuerdo a normas específicas. Eso no puede molestar sino a quienes descreen del Estado de derecho. Ellos pretenden que los gobiernos se acostumbren a mandar y los ciudadanos a obedecer.

Más allá de simpatías o antipatías y de conveniencias o inconveniencias a los ojos de cualquier sector de la sociedad, el Estado de derecho da garantías a todos sin excepción: a los buenos y a los malos, a los sabios y a los necios, a los arrepentidos y a los impenitentes. Aquí, unos y otros se sometieron al Estado de derecho porque creyeron en sus reglas. En tales condiciones el Estado debe cumplir sus compromisos, más allá de la política de sus gobiernos. Es también un imperativo moral.

@Inefable1

Exsenador, profesor universitario. 

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2019-05-31T00:00:25-05:00

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