Por: Germán Vargas Lleras*

Debate abierto

El Gobierno Nacional, como una política de Estado contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, formuló la necesidad de actualizar la legislación en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos para responder a la problemática de las infracciones que se cometen contra estos derechos en el denominado "entorno digital".

El Proyecto de Ley de Derechos de Autor busca no sólo atender obligaciones que el país adquirió en los Tratados de Libre Comercio negociados con Estados Unidos y la Unión Europea, sino también, ante todo, consolidar una oferta legal de los bienes culturales (música, libros, audiovisuales, software, etc.) en internet. En Colombia, hoy en día, existen distintas iniciativas en ese sentido, así como internacionalmente se verifica una creciente oferta y demanda de esos bienes en el mercado legal.

El reto para el país es desarrollar condiciones favorables para que a los creadores colombianos se les proteja y remunere su trabajo con los beneficios que debe reportarles el acceso del público a sus obras a través de la red. De esta manera la iniciativa contribuye a la generación de empleo y riqueza a favor de los creadores, artistas e industrias basadas en el Derecho de Autor.

El proyecto no afecta a los usuarios de la red que hacen un uso legítimo de la tecnología de internet. No es cierto que se criminalice cualquier transferencia de datos; por el contrario, el objeto de la iniciativa es claro y se refiere específicamente a los contenidos protegidos por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tampoco se modifica el tratamiento que la legislación actual de Derecho de Autor otorga a las transmisiones de contenidos protegidos en las redes digitales, en virtud del cual el usuario que accede, descarga o comparte mediante hipervínculos legítimamente publicados, no se expone a ningún tipo de responsabilidad civil o penal.

En los países en que se han desarrollado mecanismos semejantes a los que se plantean en esta iniciativa (EE.UU., Francia, España, Reino Unido, etc.) se respetan y protegen el derecho a la información y la libertad de expresión de sus ciudadanos. Lo que quiero significar es que los instrumentos propuestos no son incompatibles con la garantía de derechos fundamentales. Quiero ser claro en que la iniciativa asigna a las autoridades judiciales la facultad para decidir si el acceso a un determinado contenido debe ser bloqueado o no. Asimismo, la entrega de datos sobre los supuestos infractores sólo procederá por orden judicial. Lo anterior asegura que no habrá censura en internet y que ninguna medida se adoptará en contra de las garantías procesales de los ciudadanos.

En concreto, la iniciativa logra un equilibrio tripartito entre los derechos e intereses de los creadores, proveedores de servicios de internet y los usuarios de la red. Creemos firmemente que este sano equilibrio le conviene sobre todo al país, que se hará más competitivo en el marco de una cultura de respeto al Derecho de Autor.

El proyecto ya se presentó, pero ello no significa que el debate esté cerrado. Está abierto, y abierto a todos, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el propio Congreso de la República. El Gobierno Nacional seguirá atento a los comentarios, aportes y críticas que los ciudadanos, respetuosamente y con argumentos, formulen.

*Ministro del Interior y de Justicia.

 

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