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hace 3 horas
Por: Columnista invitado

Debilidades de la inaplicabilidad

El anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre la estrategia colombiana para enfrentar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 19 de noviembre de 2012 tiene varios puntos que vale la pena revisar.

El primer punto que mencionó Santos fue que “el fallo es inaplicable hasta tanto se celebre un tratado”. Y agregó: “El artículo 101 de nuestra Carta dice que ‘los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República’”.

1. El artículo 101 de la Constitución habla de límites por laudos arbitrales, es decir solución jurisdiccional. ¿Hasta qué punto una sentencia de una corte permanente no puede entenderse como tal? A su vez, en más de 30 años no quisimos un arreglo directo y por eso nos llevaron a la Corte; ahora, en virtud de la “inaplicabilidad constitucional”, sin mencionar la oferta reciente del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿queremos negociar un tratado? Por último, en el ordenamiento internacional no tiene cabida incumplir obligaciones con fundamento en dificultades de derecho interno.

2. El siguiente punto mencionado fue: “Consolidación del archipiélago a través de la declaración de una zona contigua integral”. Respecto del decreto, con él o sin él siempre se puede ejercer control en las zonas contiguas al mar territorial, y la Corte reconoció mar territorial a todas las islas. Ahora bien, con relación a la configuración del archipiélago esto tiene efectos internos y no internacionales. De hecho, no pudimos demostrarle a la Corte esta tesis. ¿Por qué tendrá cabida ahora?

3. Luego, el presidente agregó: “Continuar protegiendo la Reserva Seaflower”. Lo de la reserva social y ambiental no tiene discusión, y por supuesto la Unesco no tiene nada que decir en controversias internacionales.

4. El último punto argumentado por el mandatario fue: “Contener el expansionismo de Nicaragua”. No estamos enfrentando un plan expansionista sino una reivindicación jurídica. Respecto de la demanda que nos interpondrían los nicaragüenses para buscar una plataforma continental extendida, no sólo no prosperaría por no existir obligación consuetudinaria sino que dudo que se interponga algún día. Por su parte, obviamente las plataformas al oriente de San Andrés y la continental de Colombia se entienden como una sola.

En conclusión: mucho galimatías, poco de derecho internacional. Esperemos la reacción de Nicaragua y, si mantiene su disposición al diálogo, la pregunta es si éste o los futuros gobiernos de Colombia buscarán arreglos directos. Esto demanda una responsabilidad política que desde 1969 no hemos querido asumir.

 

 

 

Eric Tremolada. / Doctor en derecho internacional y relaciones internacionales y profesor de la U. Externado.

 

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