Por: Rodolfo Arango

Debilitando la democracia

UNO DE LOS AVANCES SIGNIFICATIvos de la ventiañera Constitución de 1991 fue el reconocimiento del carácter participativo, pluriétnico y multicultural de nuestra democracia.

 La Corte Constitucional se ha tomado en serio este principio. En su jurisprudencia ha elevado a derecho fundamental de las comunidades étnicas la consulta previa de las decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarlas directamente. Todos estos avances están en peligro en el proyecto de ley de víctimas que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República.

En el proyecto se otorgan facultades al presidente de la República para expedir las normas legales sobre reparación a grupos indígenas y afros afectados por el desplazamiento forzado. Esta fue la vía por la que optaron Gobierno y movimientos sociales para que la ausencia de la consulta previa no se convirtiera en un obstáculo en el trámite de la ley de víctimas. Se trata empero de una salida en falso. Ella debilita la participación democrática de actores especialmente golpeados por la violencia. Con la solución abreviada se establece un peligroso precedente. Ahora las decisiones que potencialmente afecten a minorías étnicas ya no serán consultadas con los potenciales afectados en la etapa prelegislativa y debatidas en el foro democrático por excelencia, sino negociadas por el Ejecutivo antes de la expedición de los decretos extraordinarios.

Lo que parece una discusión técnica no lo es tanto. En el continente americano se generaliza la tendencia a hacerle conejo a la consulta previa. Los grupos étnicos, especialmente protegidos por la normatividad internacional de derechos humanos, son una piedra en el zapato para las megaobras de infraestructura y los proyectos agroindustriales de gran envergadura. Esta no es la excepción en Colombia. La contradicción manifiesta en que se encuentra la coalición de Gobierno, entre su modelo neoliberal de desarrollo y su pretensión de reparar justamente a las víctimas del conflicto interno, se resuelve a favor de los negocios y en contra del reconocimiento cultural.

Permitir que la consulta previa a grupos étnicos se realice por vía de decretos ejecutivos y no en foro deliberativo que es el Congreso, debilita la democracia. El argumento, según el cual la complejidad y especificidad de las normas de reparación relativas a las comunidades justifican su discusión por separado, no convence. El gobierno Santos deja pasar una importante oportunidad, basado en la información de los daños sufridos por las minorías étnicas y culturales, de consultar con los afectados el tipo y la extensión de las medidas reparatorias.

La tendencia de emplear el atajo en materia democrática no es nueva. El gobierno Uribe la utilizó repetidamente, aunque con poca suerte. El código minero y la ley forestal fueron declarados inconstitucionales por desconocer el derecho fundamental a la consulta previa. Para evitar este desenlace con la ley de víctimas, el Gobierno debería comprometerse a consultar con grupos indígenas y comunidades afrocolombianas las respectivas normas que llevarían posteriormente al Congreso. Los extensos daños infligidos a estos grupos justifican una discusión amplia y abierta, en el foro democrático, de cuál debe ser el futuro desarrollo de su cultura. Lo contrario sería profundizar en la manipulación, agravando el despojo y la violencia que han sufrido históricamente.

 

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