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A nivel global
1. “Accountability” es lo que la comunidad internacional le está reclamando al gobierno comunista de China por no haber difundido tempranamente los efectos endémicos del coronavirus en Wuhan y luego en todo el país. (National Review, Michael Auslin, 31-03-20). “Si Beijín hubiera actuado tres semanas más temprano, podría haber reducido la contaminación del virus en 95%”, argumentaron científicos británicos. Por otra parte, ante la magnitud de la letalidad ocurrida por la pandemia en el resto de las naciones, gobiernos y medios internacionales cuestionan la veracidad de las cifras reportadas por China.2. Efectividad de la estrategia. Singapur, Taiwán y Corea del Sur sobresalen como los países que aplicaron a tiempo las estrategias efectivas para contener la pandemia. Corea, por su lazos históricos con Colombia, debe ser el modelo a seguir: cierre de fronteras, pruebas a toda la población sintomática: aislamiento y seguimiento de campo a los contactos. Y a la asintómatica, aleatoriamente. Además, dos tapabocas por persona semanalmente.
A nivel nacional
1. Las conductas delictivas. El 19 de marzo la contralora delegada para la salud encontró que el 70 % de las EPS no remitían a sus afiliados para el examen de pruebas de COVID-19 al INS. La entidad reportó que tenía capacidad para practicar 1.500 pruebas al día, pero solo estaba recibiendo 600. La Personería de Bogotá auditó a 13 EPS y encontró que sólo una cumplía con el protocolo de la atención estandarizada para el COVID-19, del Ministerio de Salud. A estas acusaciones respondieron el fiscal y el contralor anunciando sanciones “penales y fiscales” a los presidentes de las EPS involucradas en la negación del envío a pruebas de COVID-19 a sus afiliados. Negar una sola prueba al afiliado que la solicite porque presume que encaja en alguna de las categorías establecidas por el Ministerio tiene implicaciones que desbordan el ámbito de la salud individual del solicitante. De ser positivo, es contaminante para su entorno y sus contactos. Contribuye al subregistro de la pandemia y, por consiguiente, al error en las decisiones gubernamentales para su control. La humanidad que sobreviva, no le perdonará a ningún país haber callado la verdad sobre la prevalencia de la pandemia en su territorio. Tanto el ministro de Salud como el superintendente del sector han ignorado las advertencias de los organismos de control contenidas en: “Así responden las EPS a la pandemia del COVID-19.” (El Espectador, F.Galindo. G., en: otros columnistas).La indisciplina de algunos ciudadanos de distintos estratos que desacatan las ódenes de la cuarentena y las medidas de salud pública es tan delictiva como la descrita previamente. En esta categoría está la discriminación contra los profesionales de la salud, que son los más vulnebables y en ocasiones víctimas del COVID-19. Quienes así proceden deben ser severamente sancionados, por canallas.
2. Los aspectos fiscales. El Gobierno está en la obligación de informar a los colombianos si las cuantiosas inversiones que ha requerido la pandemia no corresponden a la prestación de los servicios de salud cubiertos por las cotizaciones que reciben las EPS por el número de afiliados, y que hemos pagado en las planillas parafiscales y en los impuestos generales. De ser así, la Contraloría y la Procuraduría deben auditar dichas cuentas. Si el Gobierno ha tenido que cubrir los servicios incluidos en el aseguramiento comercial, las EPS deben ser eliminadas y el Estado asumir como único asegurador y rector del sistema de salud. Esa es la aplicación de la Ley Estatutaria de Salud de 2015.