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La cuarentena obligatoria, que ha atenuado el ritmo de crecimiento de la pandemia, afecta de manera dramática a los sectores más vulnerables de la población: los informales, que obtienen su ingreso día a día y carecen de ahorros; los habitantes de la calle y quienes viven en inquilinatos llamados pagadiario. Las autoridades han tratado, con diferente eficiencia, de llevar ayudas alimentarias para paliar las privaciones y reducir el hambre. Ha sido difícil llegar a quienes no figuran en las bases de datos oficiales. Los hogares han adoptado como una señal de auxilio colgar en las ventanas un trapo rojo.

Confirmando la idea de que la depravación moral no es exótica en el conjunto de los gobernantes, algunos han aprovechado la compra de alimentos y otros productos básicos con precios inflados, y así enriquecerse a costa de los más necesitados y pagar favores a sus patrocinadores de campaña. Afortunadamente la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía están actuando con celeridad y han logrado revertir contratos de suministros que mostraban sobrefacturaciones evidentes. Es conveniente conocer los nombres de las autoridades que incurren en este delito y las empresas privadas cómplices.

Todavía se presentan casos de hambre en las poblaciones con mayor grado de marginalidad. No puede esperarse a que los censen, los inscriban en el Sisbén y llenen los formatos burocráticos. El hambre no da espera. Uno de los primeros efectos del hambre es la destrucción de la dignidad de la persona. Cuando ocurre un cataclismo, las autoridades, sin tiempos de espera, inician el reparto de alimentos calientes, pues no todos los damnificados tienen cómo ni dónde cocinar. Igualmente, buscan proveer albergues temporales. La cuarentena es una catástrofe para los más vulnerables. Un ejemplo: en Acapulco la pandemia desocupó las playas y los hoteles, dejando sin ingreso a los informales, en su mayoría vendedores ambulantes y guías turísticos, así que los hoteles utilizaron las cocinas para preparar ollas comunitarias y ofrecer comida caliente en los sitios abiertos a los más necesitados, sin pedirles ningún documento.

En Colombia, en las grandes ciudades se han presentado manifestaciones y mítines de gente desesperada pidiendo ayuda y comida, para ellos y sus hijos. En algunos casos la respuesta de las autoridades ha sido irracional: enviar al Esmad. Afortunadamente, parece que tan violenta e insensata solución se está acabando. Al momento de escribir esta columna hubo tres mítines en Bogotá solicitando auxilios; la Alcaldía envió funcionarios para dialogar y buscar soluciones. Desde el simple punto de vista económico es antihumano y costoso enviar al Esmad para dispersar los mítines que solicitan ayuda alimentaria. El siguiente cálculo lo explica. Supongamos que para disolver un mitin de 250 personas se emplean siete granadas de humo, cinco de mano no letales, dos dispositivos de aturdimiento, cuatro de emisión de luz y dos de multipropósito. El solo costo de esta munición asciende a $1’523.646, mientras que con ese mismo valor se pueden llevar, en camionetas oficiales o de la fuerza armada, ollas con suficiente comida para 450 personas. Si la gente protesta por hambre, es más humano darles comida y no dispararles.

Los costos de las municiones fueron tomados de un estudio de Allied Market Research, citado por Daniel Coronell. Granada de mano: $79.620; de humo: $84.194; de aturdimiento: $106.046, y multipropósito: $93.144.

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