Por: Armando Montenegro

Defensa de la arepa

La arepa de maíz, un rico alimento de origen americano —que ha ganado el favor de los habitantes de la zona andina que antes consumían exclusivamente el pan de trigo— está siendo asediada, hostilizada y desplazada de las mesas de miles de colombianos por un altísimo e injustificable impuesto.

Se trata de un arancel del 40% que se liquida por encima de un altísimo precio internacional del maíz blanco. Si se eliminara este tributo, como aconsejaría una política de alimentos baratos para los colombianos, el precio de las arepas bajaría en un 30% y así muchas familias adicionales podrían optar por consumir este producto. Este oneroso gravamen contribuye a los altos precios de la canasta familiar, dificulta la lucha contra la inflación y la reducción de la pobreza (sobra señalar que las arepas son preferidas, en su gran mayoría, por la gente de los estratos más bajos de la población).

Existe una clara discriminación contra el consumo de arepa. Ya que, debido a los altos precios internacionales, los aranceles de productos sustitutivos, como el trigo, el maíz amarillo y la cebada son del 0% o cercanos a cero, llama la atención que, en forma solitaria, se mantenga un impuesto extraordinario y atípico del 40% para la materia prima de las arepas. Hay algo que no huele bien.

Quienes conocen la historia de este desatino sostienen que se trata de una decisión tomada hace algunos años, dirigida a satisfacer las apetencias de políticos y terratenientes de una importante región del norte del país que apoyaban los audaces proyectos políticos de los gobernantes de la época.

¿Quién se embolsilla este impuesto? La mayoría de los recaudos del arancel del 40% llega directamente a las billeteras de los productores locales de maíz. La razón es simple: sin el impuesto del 40%, sus ingresos serían menores en exactamente ese porcentaje. Se trata, por lo tanto, de un injusto mecanismo para trasladar plata de los millones de consumidores de arepas, en su gran mayoría de bajos ingresos, a los productores de maíz, en buena parte grandes terratenientes y con amplia capacidad económica y política.

Una política que aspire a defender a los consumidores y a proteger exclusivamente a los pequeños productores de maíz debería eliminar el arancel y destinar gran parte de los apoyos y subsidios, que van a los grandes agricultores, a la transferencia de tecnología, el crédito y la asistencia técnica y social a los pequeños maiceros.

Como el Ministerio de Agricultura está dirigido ahora por un equipo de funcionarios que sí tienen en cuenta los intereses de los consumidores pobres y los pequeños productores, es posible que se elimine la discriminación contra la arepa en Colombia.

Y también llegaron buenas noticias de Estados Unidos. El TLC va a impedir en el futuro que otros gobiernos, capturados por intereses particulares, puedan imponer gravámenes arbitrarios y discriminatorios en contra de los intereses de los consumidores.

Lo malo es que, después de cinco años de multimillonarios gastos en programas que debían preparar a la agricultura colombiana para enfrentar la competencia externa, por los conocidos problemas que hoy investiga la justicia, el país sigue rezagado en esa materia. Ante la inminencia de la llegada de los productos estadounidenses debe hacerse, por fin, a marchas forzadas, la tan postergada reconversión agrícola del país.

 

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