Por: Santiago Montenegro

Defensa del canapé

Gabriel Silva ha atacado la propuesta de Luis Alberto Moreno sobre la necesidad de un pacto por Colombia.

Utilizando la metáfora del “canapé republicano”, lo asocia a los frentes nacionales, argumentando que han restringido la democracia y, por eso, aduce la necesidad de más controversia, debate y el derecho a disentir. Infortunadamente, en su argumentación, Silva comete varias imprecisiones. En primer lugar, desconoce el origen histórico de los acuerdos. Porque es cierto que las élites han hecho pactos, como el republicanismo, que se plasmó con el gobierno de Carlos E. Restrepo. O como el Frente Nacional, después de la dictadura de Rojas Pinilla, o como los primeros años del gobierno de Uribe, que pueden ser visualizados como un gobierno de unidad nacional, en donde estuvieron casi la totalidad de los partidos y grupos políticos, salvo, quizá, el Polo Democrático. Pero, a todos esos acuerdos —a eso que Silva llama el canapé— se llegó después de enfrentamientos violentos y de situaciones críticas que acercaron al país casi a la disolución.

Como lo mostró Eduardo Posada Carbó en su última columna de El Tiempo, al republicanismo de Carlos E. Restrepo se llegó por la incapacidad de los partidos para lograr unos acuerdos mínimos de convivencia a finales del siglo XIX, lo que tuvo como consecuencia la Guerra de los Mil Días con sus 100.000 muertos, la pérdida de Panamá y la dictadura de Rafael Reyes. A la foto de Alberto Lleras y de Laureano Gómez en Sitges se llegó después del período conocido como la Violencia, con unos 300.000 muertos, y de una de las pocas dictaduras militares que ha tenido Colombia en su historia. Al primer gobierno de Uribe se llegó después de la enorme fractura de las élites, como consecuencia del Proceso 8.000, de la división de las Fuerzas Armadas, de asesinatos como el de Álvaro Gómez Hurtado, de la debacle de San Vicente del Caguán y de una recesión económica que estancó el ingreso per cápita durante un quinquenio y de un desempleo que llegó a casi un 20 por ciento. La causalidad, entonces, es la contraria a la que aduce Silva. No fueron los pactos los que restringieron la democracia, sino que fueron la violencia y el caos —que hacen imposible la democracia— los que condujeron a los pactos. En segundo lugar, acuerdos sobre temas fundamentales no tienen por qué restringir la democracia, el debate público o la controversia. Ni los Pactos de La Moncloa, ni el acuerdo de todos los partidos democráticos contra el terrorismo, restringieron la democracia en España. Tampoco lo hizo el pacto que llevó al Acuerdo de Viernes Santo, en el Reino Unido. La libre controversia y el debate tampoco se vieron afectados con los consensos básicos de los partidos chilenos para reconstruir la democracia después de la dictadura de Pinochet. Tampoco tendría que hacerlo un gran acuerdo de todos los partidos y grupos democráticos en Colombia alrededor del proceso de paz, o de una reforma política contra el clientelismo o para acabar la reelección, como también lo ha propuesto el presidente Santos. Finalmente, lo que hemos visto en esta campaña no es una controversia civilizada, como parece argumentar Silva, sino mucho insulto y agresión verbal. Un acuerdo sobre la necesidad de un debate ordenado y respetuoso de las ideas debería ser un punto obligado de un nuevo pacto por Colombia.

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