Por: Fernando Carrillo Flórez

Déficit de justicia

LA REFORMA DE LA JUSTICIA CONStituyó la columna vertebral de la propuesta galanista aunque todavía es tarea que continúa inconclusa.

Al releer los documentos del Nuevo Liberalismo de la década 1979-1989, así como los debates sobre la materia en el Congreso liderados por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, salta a la vista por qué la justicia aparece como la más importante razón de ser del Estado y la más trascendente responsabilidad gobernada por la ética pública. Así se entiende la obsesión de la Constitución del 91 por fortalecer la institucionalidad de la justicia al incorporar en su casi totalidad figuras de estirpe galanista, como la Fiscalía o la Corte Constitucional.

No es producto del azar que los primeros debates del NL se hayan centrado en los abusos que se cometieron al amparo del Estatuto de Seguridad de los ochenta. Bien decía Galán que los derechos humanos eran cuestión sagrada para los liberales en el manejo del orden público y el punto de partida de cualquier política de seguridad del Estado. De otra parte, la defensa del Poder Judicial fue bandera de Lara cuando el gobierno de la época pretendió cambiar por decreto las mayorías en la Corte como reacción a la caída de la reforma constitucional en 1981. En esa época también se tildó de subversiva a la Corte y se intentó la insubordinación contra sus fallos.

Por ello, no fue un capricho burocrático que se escogiera el Ministerio de Justicia como base del compromiso vital desde donde por primera vez se alertó sobre el surgimiento del crimen organizado y la infiltración del mismo en el Estado. Ese era un Ministerio gris que adquirió una importancia inusitada porque las ideas del NL se comenzaron a concretar desde allí. Las relaciones entre el clientelismo político y el crimen organizado fueron descritas con brutal claridad por el ministro Lara en el infame debate de agosto de 1983 promovido por la representación parlamentaria del cartel de Medellín. Para no hablar del papel esencial posterior que desempeñó la Fiscalía de Alfonso Valdivieso en las acciones para desbaratar los vínculos de la sociedad con el narcotráfico.

Ahora las cosas han cambiado. El Ministerio de Justicia desapareció hace siete años, cuando más que nunca se requería fortalecerlo y su ausencia ha sido factor de politización de la justicia y de judicialización de la política por lo errático que resulta un funcionario bifronte lidiando la justicia desde la política menor e interviniendo en la política con toga prestada. Se ha tratado de improvisar reformas, se ha vuelto imposible la interlocución con el Poder Judicial y la vocería internacional en esta materia en tiempos turbulentos de globalidad no existe.

En la ecuación seguridad-justicia habrá que determinar si se ha apostado más a la seguridad al creer que se trata de un juego de suma cero con saldo rojo para la justicia por cuenta de la impunidad. Como en el falso dilema seguridad-libertad, no puede concluirse que la una puede llevarse por delante a la otra o que la segunda mina la eficacia de la primera. Por todo lo anterior, resulta evidente que los ataques contra la Constitución del 91 son una simple consecuencia de la incomodidad que genera un sistema que recuperó décadas de tiempo perdido para la justicia.

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