Por: Juan Pablo Ruiz Soto

¿Deforestación cero?

Mi columna de la semana pasada —“Gobierno, motor de la deforestación”— suscitó algunas respuestas y reacciones que me han motivado a profundizar más en el tema.

Para los ambientalistas —sean “moderados”, “radicales”, “populares” o “elitistas”—, el artículo parecía acertado. Al reconocer la deforestación como evidencia de que hay un manejo productivo de un baldío, y aceptarla como argumento principal para solicitar su titulación, el Gobierno incentiva la destrucción del bosque. Hay que insistir en que buena parte del país se colonizó y tituló de esta manera en el siglo pasado. Para el campesino que reclama la titulación de un terreno que por años viene trabajando, transformar y “volver productivo un pedazo de monte” es el mejor argumento para demostrar la tenencia y legalizar la propiedad.

Para los representantes de Cancillería y del Ministerio del Medio Ambiente, decir que el Gobierno es motor de deforestación es una agresión que desconoce esfuerzos nacionales que se evidencian en los compromisos adquiridos en escenarios internacionales para frenar la deforestación. Para los representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la reacción inmediata a mi artículo fue: “¿Cómo así? Ya no hay que deforestar para titular; anteriormente era así, pero ya no: ¡la ley cambió!” Para los funcionarios que realizan las visitas de campo previas a la titulación, es apenas natural que el campesino no puede reclamar uso y tenencia de una tierra que se mantiene en condiciones silvestres —en bosque—: es necesario que demuestre intervención y algún grado de producción agropecuaria. Si no es así, todos podríamos reclamar tenencia de una porción de bosque.

Para muchos inversionistas esta es la mejor manera de hacer rendir su dinero: apropiarse de la tierra pagando a otros para que deforesten grandes extensiones de bosque en baldíos nacionales.

Todos tienen razón. Pero las cosas cambian y su valor relativo también. Hace un siglo talar un bosque y convertirlo en una extensión ganadera tenía otras implicaciones. Transformar la naturaleza era una expresión de progreso, mientras que la conservación del bosque y los espacios silvestres era entendida como un síntoma de atraso. Hoy el cambio climático es una de las principales amenazas globales; los bosques, entendidos como reguladores climáticos y fuentes de servicios ambientales, cobran cada día más valor social, ambiental y económico. Un país como Colombia debe sentirse muy privilegiado por los bosques y selvas que todavía tiene. Una expresión de esa riqueza es el fuerte crecimiento del turismo de naturaleza en nuestro país. Las preferencias y prioridades del mundo están cambiando: por ello es alarmante y desafortunado que entre 2015 y 2016 hubiésemos destruido cerca de 180.000 hectáreas de bosque.

Mientras el mundo —exceptuando al presidente Trump— toma acciones para mitigar el cambio climático y recuperar los bosques, nosotros actuamos como colonos del siglo pasado y seguimos deforestando. Debemos invertir estos valores sociales, y los primeros pasos los deben dar las autoridades del sector agropecuario. El Gobierno debe valorar los ecosistemas naturales y desvirtuar la deforestación hoy asociada a la titulación; debe, asimismo, propiciar mecanismos productivos y legales para que la deforestación no sea el único recurso para demostrar tenencia. La ley debe dar el salto del papel a la realidad y estar a la altura de las circunstancias.

Si queremos llegar a “Deforestación Cero”, desde ahora, toda deforestación que no esté asociada a un plan de ordenamiento ambiental territorial debe ser sancionada. Las imágenes satelitales no mienten.

 

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