Por: Columnista invitado

Deforestación y derechos campesinos

Por: Rodrigo Botero*

En el último mes se ha dado un importante debate alrededor de los datos de deforestación en el año 2016. Ha llamado poderosamente la atención que entre los motores de deforestación se encuentra por primera vez un factor que evidencia la relación entre el conflicto y el medio ambiente en Colombia. Casi el 60 % de la deforestación es atribuible al acaparamiento de tierras (distribuido en cifras bajo los títulos de “acaparamiento”, “incendios” “ganadería extensiva”).

Para el caso de la Amazonia, este proceso ha sido evidente en el frente de colonización en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, donde el mercado informal de tierras se ha disparado, los grupos de “inversionistas” pululan, las motosierras están de moda, abrir nuevas trochas hace parte del negocio y tener potreros para meter ganado es el común. Obvio, los ciclos se han acortado, y tumbar monte es una actividad casi permanente; los “incendios” están en las cuentas de muchos y dentro de dos meses toda la región espera con ansia la llegada del verano para ver cómo se vuelve ceniza la selva y se tiene una “finca” lista para aprovechar esta nueva bonanza. No importa si es en Reserva Forestal, en Área Protegida, Zona de Sustracción, Distrito de Manejo. No es secreto que en la mayoría del territorio las Farc ejercieron el control sobre la venta, posesión y distribución del territorio. Ahora el Estado debe recuperar la orientación de la colonización y del ordenamiento territorial amazónico.

Esto significa orientar los procesos de poblamiento y definir dónde se focalizará la inversión gubernamental de los servicios de atención social (salud, educación, conectividad, vías), así como la definición de una frontera minero-energética.

En medio de este propósito, se viene avanzando en nuevos modelos para propiciar un involucramiento de las comunidades campesinas en el manejo del bosque como estrategia de conservación. Recientemente pudimos visitar con el apoyo del Programa ONU REDD y del PNUD, el caso exitoso de las Concesiones Forestales Comunitarias de Guatemala. Personalmente, trabajé en Petén y soy un convencido de sus bondades. Visitarlo con asociaciones campesinas y funcionarios fue una experiencia maravillosa e inspiradora. De manera resumida, el modelo ofrece lecciones muy interesantes: Concesiones a largo plazo (25 años o mas); ejercicio del co-manejo del área (gobernanza compartida con el Estado); cumplimiento de la función ecológica como requisito para mantener el derecho de uso; uso de bajo impacto en productos maderables y no maderables y diversificación de la economía; mercados selectivos internacionales de productos certificados; ejercicio de control y vigilancia de las concesiones compartido entre comunidades y gobierno; modelos asociativos y empresariales comunitarios responsables de las concesiones.

Creo que es posible hacerlo en nuestra Amazonia. Hay una oportunidad magnífica de utilizar de manera sinérgica la propuesta del MADS para crear una zona de estabilización forestal que le dé sentido a la zonificación ambiental con participación local, y las apuestas paralelas del Acuerdo de Paz (sustitución de cultivos, planes de desarrollo con enfoque territorial, planes de acción inmediata, etc). Todo está servido para ser coordinado (tan escaso en estos territorios), y ganar, legítimamente, la orientación del ordenamiento.

El gran Chiribiquete, el corazón de la Amazonia, podría ser rodeado por una gran área de amortiguación, constituida por resguardos indígenas y por unidades forestales comunitarias. Puede ser una opción para enfrentar, con base social y legitimidad, la locomotora de la acumulación de tierras que baja rauda hacia nuestras selvas.

*Director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

 

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