Por: Arlene B. Tickner

Déjà vu

Desde al menos 1978, cuando el presidente Julio César Turbay accedió a una operación militar contra la marihuana en La Guajira y el Atlántico, pero se rehusó a la erradicación química, la narcodiplomacia entre Colombia y Estados Unidos ha reflejado una lógica circular caracterizada por la aparición de las drogas en el debate público estadounidense; la identificación de la producción colombiana como el origen del problema; la formulación de recomendaciones y exigencias por parte de Washington; la aquiescencia o resistencia de Bogotá; la felicitación o castigo; y la reducción temporal en la producción y tráfico de sustancias ilícitas, seguida por su recrecimiento.

En este proceso, distintos mandatarios colombianos no sólo han aceptado las tácticas militaristas y represivas “sugeridas” por el Norte, sino que se han rebelado ante las imposiciones estadounidenses, insistido en el carácter transnacional y compartido del problema, y adoptado políticas propias acordes con las necesidades del país y los reclamos de sus ciudadanos. Cabe recordar en tal sentido la denuncia presentada por el gobierno Barco y la censura de la OEA ante las represalias comerciales aplicadas por Washington luego de que un juez colombiano liberara a Jorge Luis Ochoa a principios de 1988. Por su parte, la política antidrogas de César Gaviria se distanció del “canon” al priorizar el combate a la violencia narcotraficante. Con ello, el Gobierno colombiano implementó el sistema de sometimiento a la justicia, frenó las solicitudes de extradición, no se opuso a su prohibición en la Constitución de 1991 ni a la legalización de la dosis personal por la Corte Constitucional en 1994 y nombró un fiscal general que proclamaba la “guerra contra las drogas” un fracaso. De forma similar, al inicio de su presidencia, Pastrana estableció una distinción clara entre la prioridad colombiana de buscar la paz y el interés estadounidense de combatir el narcotráfico, a raíz de la cual convenció a Bill Clinton de comprometerse con el proceso de paz en el Caguán y no oponerse a la zona de despeje.

Después de la larga “calma chicha” inaugurada por el Plan Colombia y el desboblamiento del país ante la política antidrogas estadounidense, han sorprendido (e indignado) las críticas en crescendo de Washington. Pese a que el aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína aquí son motivo de alarma, en especial por su afectación del proceso de paz, la emergencia de salud declarada por Trump corresponde a los opiáceos, cortesía fundamentalmente de las farmacéuticas. Y sin embargo, en su visita a Cartagena, el vicepresidente Pence advirtió que el problema en Colombia “tiene que terminar… y tiene que terminar pronto”, mientras que Trump amenazó incluso con descertificarnos.

Sigue siendo relevante lo afirmado por Juan Gabriel Tokatlian en 1991, de que la falta de una política coherente para confrontar las drogas ilícitas ha producido una diplomacia reactiva ante las demandas de Estados Unidos que no permite navegar momentos determinantes o de crisis como el actual. ¿Cómo reemplazar una estrategia fallida cuyos costos para Colombia han sido descomunales con una fórmula propia que satisfaga los objetivos nacionales? Quienes critican las propuestas del gobierno Santos para combatir la coca y la cocaína como una concesión a las Farc, ignoran una historia pendular de 40 años.

Buscar columnista