Por: Rodolfo Arango

Dejación de ilegalidades

La verdadera paz tardará un siglo o más en establecerse. Esto porque ella tiene que ver fundamentalmente con condiciones de vida, no sólo con dejación de armas. Lejos están aún los tiempos en que territorios privados de los bienes del desarrollo, que representan la mitad del país, puedan renunciar a economías ilegales para asegurar la subsistencia de sus habitantes. El bienestar material, condición necesaria del respeto del otro, tardará en llegar. Por su parte, el progreso institucional también exige políticas y estrategias de largo plazo, coherentes y coordinadas. La expansión de oportunidades a zonas excluidas en las que impera el abandono y la inseguridad no es tarea rápida ni fácil, menos con el fatalismo imperante en una sociedad desmoralizada por los horrores de la guerra y la criminalidad en las esferas gobernantes.

Con la desaparición formal de las Farc en su modalidad de guerrilla y su transformación en partido político se dan pasos significativos en la dirección correcta, pese a que subsistan múltiples conflictos de diverso orden. Más difícil que la dejación de armas será para la extinta guerrilla aprender a vivir en la legalidad, algo que políticos sagaces e influyentes todavía no han logrado. ¡Y es que los legales, con sus ilegalidades, no han sido ningún buen ejemplo! Para la muestra, un botón: el uso político de fiscalías, procuradurías o contralorías, según las conveniencias personales o grupales del momento, con la consecuente destrucción de la confianza en el Estado social y democrático de derecho.

Sería torpe que la naciente agrupación política respondiera a las ilegalidades de los gobernantes con sus propias ilegalidades. Sabemos que parte influyente de la clase política se alió con la criminalidad armada para defender sus enclaves, beneficios y privilegios. Y sigue haciéndolo, y seguirá haciéndolo mientras la población sigue eligiéndola. Pero una competencia de ilegalidades, alimentada por el nihilismo y la sagacidad, sólo puede asegurarnos nuevas y múltiples violencias de diverso cuño. La “desnarcotización” y la descriminalización de nuestras formas de vida, más que la fuerza de las armas, necesitará de las ciencias y humanidades, de las artes y la tecnología. Algo nada fácil cuando dependemos de variables y factores externos en un mundo globalizado.

La legalidad no es causa sino consecuencia del desarrollo económico. Mientras la próspera economía de los narcóticos no sea sustituida por economías igual o más rentables, estaremos condenados a vivir en “competencia de ilegalidades”. Un sistema educativo, de ciencia y tecnología fuerte, es mejor estrategia que la represión militar o policial. Políticas de mediano y largo plazo para expandir y fortalecer la educación, la salud, la infraestructura, el comercio, los servicios y la industria en las regiones apartadas deben complementar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Igual de importante que la justicia reparadora de los derechos de las víctimas es la necesidad de ampliar y fortalecer un orden económico y democrático en zonas remotas para desterrar el narcotráfico y la criminalidad.

El desarrollo planificado, sostenible y sustentable de las nuevas ciudades intermedias emanantes de los asentamientos guerrilleros y el fortalecimiento de las garantías a la oposición en dichos territorios pueden ser planes piloto prioritarios. Lo primero, para caminar en la dirección correcta de integrar medio país a los beneficios del progreso con respeto del medioambiente; lo segundo, para controlar la tentación de los nuevos ciudadanos de recaer en la ilegalidad por el mal ejemplo de sus dirigentes y la precariedad material e institucional imperante.

 

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