Iván Duque: así fue su histórico triunfo en las elecciones presidenciales

hace 49 mins

Del afectómetro y otros malabarómetros

Con estupor leí en El Espectador de la semana que culminó el 13 de abril, el artículo con titular en primera página “Exámenes de afecto en colegios”.

El texto  presenta la discusión sobre las cifras alarmantes de suicidios en niños y jóvenes de Colombia, y la prometedora solución que el grupo de “investigadores”, liderado por el psicólogo Miguel de Zubiría propone: una nueva evaluación para todos los niños y jóvenes de colegios en Colombia: el afectómetro.

Hay mucha tela que cortar sobre los presupuestos del fenómeno suicidario descrito, y mucha más sobre los determinantes y causas, pero lo inaudito es la aproximación argumental y conceptual que un grupo de “investigadores” hace del asunto para proponer tamaño despropósito. En efecto, el fenómeno del suicidio no es nuevo. Por supuesto, su antigüedad no descalifica eludir el debate de por qué una sociedad contemporánea produce altas tasas de suicidio en toda su población, ni de por qué estas tasas afectan a su potencial humano futuro, niños y jóvenes. Pero no es posible reducir el problema, analizado por el sociólogo Durkheim en su clásico texto ‘El suicidio’ como “propio a la condición humana”,  ignorando sus causas estructurales y proponiendo una solución práctica y funcionalista argumentando “que el problema estaba relacionado con el mundo sentimental y afectivo de los niños y jóvenes”. Es obvio que al evitar los determinantes de fondo, es fácil decir que cualquier problema en Colombia está relacionado con el mundo sentimental y afectivo, puesto que así lo demostró Freud y es interpelación al sentido común: las masacres, las violaciones, la violencia cotidiana y la intrafamiliar… son todas expresiones relacionadas con el mundo sentimental y afectivo de sus actores.

La aberración central de la propuesta está en pretender evaluar a partir de preguntas el riesgo suicidario, depresivo o de soledad (mezclando aquí riesgo y diagnóstico) de un niño. La idea de medición subyacente a la propuesta y a su nombre (afectómetro) es riesgosa en sí misma, pues pretende desvirtuar todo aquello que se había superado del conductivismo más ramplón: no es posible medir expresiones humanas como el afecto y menos a partir de preguntas enmarcadas dentro de una evaluación formal o test. Las implicaciones de una propuesta que recuerda al fisionomismo, a la frenología y a otras prácticas atroces del siglo XIX, no son sólo las de poner en riesgo la legitimidad afectiva de menores y adultos, sino la de estigmatizar y conducir hacia una diferenciación violenta, a quienes expresan de manera no convencional sus formas afectivas. El asunto de pretender normalizar las conductas del afecto (que eran de los pocos ámbitos no intervenidos por las instituciones) es peligroso, fundamentalista y arbitrario.

Pero hay un lazo que preocupa dentro del panorama de la propuesta de expertos presentado en el artículo descrito. El senador Carlos Julio González (miembro del grupo de investigadores) va a presentar un proyecto de ley el próximo 20 de julio, enmarcado dentro de lo que han denominado “Política Pública en Desarrollo y Competencias Afectivas en Colombia”. Este lazo político lanza el espectro del afectograma hacia la implementación nacional del instrumento e introduce el gravísimo problema de pretender regular desde la institucionalidad  la vida afectiva de los colombianos.

Me opongo rotundamente a que un análisis facilista del complejo problema de las tasas de suicidios en Colombia pase por la vía institucional. Creo que la propuesta constituye una violación del derecho a vivir la afectividad sin regulaciones


institucionales, y me afirmo en la idea de que ésta no es la vía para construir formas de inteligencia afectiva en nuestro medio. Exhorto a niños, jóvenes y familias a echar un ojo a la publicación que presenta, paradójicamente, El Espectador en su misma edición sobre Derechos de los Niños.

Hernando Salcedo Fidalgo. Bogotá.

El especial de Lleras R.

Excelente el suplemento que El Espectador le dedicó a la vida y obra de ese gran estadista que fuera Carlos Lleras Restrepo. Como complemento al artículo de Ernesto Rojas Morales sobre la modernización estadística que Lleras impulsó, recuerdo que cuando se inició el programa de la Encuesta Nacional de Hogares los primeros resultados sobre el empleo coincidieron con los resultados de una encuesta más pequeña en la materia, que un organismo privado producía por contrato con el Banco de la República, los cuales eran más favorables a la gestión del gobierno que los producidos por el DANE. Ello condujo a una reunión en Palacio en la cual se examinaron los alcances y las metodologías de ambas encuestas, al término de la cual Lleras avaló los resultados del DANE pese a que no le favorecían, con lo cual dio una demostración de honestidad intelectual y moral, así como de respeto a la autonomía e independencia técnica de la entidad.

 Amadeo Rodríguez C. Bogotá.

 * * *

Observo con perplejidad que la versión de mi artículo, “Carlos Lleras, estadista de la modernidad”, publicado en la edición especial del periódico de abril 12, contiene alteraciones al texto enviado, las cuales se introdujeron sin mi conocimiento y sin mi autorización. Así, por ejemplo, alguien estropeó mi frase “Era un acto cuya realización me parecía inconcebible”, agregándole las palabras “En realidad”.

El problema no es de estilo. Es una cuestión de principio. Entiendo que la dirección del periódico tiene la facultad de desechar en su totalidad un artículo que considere objetable. Algo bien diferente es que alguien se tome la libertad de modificar el texto


de un artículo, que se me solicitó en forma encarecida, para ser publicado bajo mi firma responsable. De haber sabido que el periódico se reservaba el derecho de proceder de esa manera, me habría abstenido de contribuir a la mencionada edición.

Sirvan estas líneas para dejar constancia de mi inconformidad con lo ocurrido.

Rodrigo Botero. Bogotá.

El bumerán

Con el título “El negocio no lo tienen para la venta” (El Espectador, semana del 13 al 19 de abril, por Fabio Echeverri Correa), una de las cabezas visibles de los grandes negocios en Colombia, industrial próspero e intelectual notorio, hace un gran descubrimiento: que el negocio de negocios en el mundo entero es la producción y venta de cocaína, estupefaciente de moda en los países industrializados y en los que no lo son, y que son las Farc, en Colombia, quienes manejan el negocio. Pero no habla de los grandes lavadores de dinero que se benefician también de la venta y consumo del alcaloide y que utilizan a mucho idiota, útil o inútil, en especial en Estados Unidos y en Europa. Así queda coja la noticia.

Lo que sí se vislumbra es que la cocaína es tan sólo uno de los aspectos del gran problema mundial de las drogas, que involucra a Colombia para nuestra desgracia, y que no es sólo el sistema capitalista la víctima de la gran corrupción que aqueja al mundo moderno, sino que propicia el fenómeno en todas partes por el poder inmenso del dinero que irriga todos los vericuetos de la actividad humana. No todo es color de rosa para el neoliberalismo. Entonces se unta del polvo blanco que corre por las venas de potentados y viciosos indiscriminadamente, mientras los sectores más pobres de la pobrería mundial tienen cada vez menos comida, menos educación, menos salud y menos posibilidades de sobrevivir. La balanza está muy desequilibrada, no por obra sólo de las Farc, que con su entrada al negocio señalaron el fin de sus días, sino por la exagerada acumulación de dinero y poder que cada vez hace más oscuro el porvenir de la raza humana.

El fabuloso negocio de la cocaína no está ni va a estar para la venta, porque bajo su sombra se amparan los grandes depredadores de la humanidad. Pero seguirá con gran capacidad de destruir pueblos y naciones. En Colombia el origen de este gran negocio se puede apreciar muy bien en el libro La Bruja, de Germán Castro Caycedo, que recomiendo lo lean muchos políticos para conocer cuándo empezaron sus desgracias en este país del Sagrado Corazón.

Alejandro Arenas. Bogotá.

El Irotama

En la edición de la semana del 6 al 12 de abril de 2008, Felipe Zuleta Lleras, en su columna, arremete contra el Hotel Irotama y sus directivos y propietarios por una supuesta apropiación de playas e invasión de una calle. Quienes conocemos de siempre el Hotel Irotama y a la familia Díaz sabemos a ciencia cierta de su honorabilidad y cumplimiento de todas las normas legales. Además, y en muchas ocasiones, hemos visto y comprobado cómo una zona que hace años, antes de la construcción del hotel, era un verdadero erial y hoy en día, gracias al empeño de sus propietarios, es una zona verde, plena de árboles y palmeras. Por otra parte, en la supuesta apropiación de las playas, lo que se ha hecho es defender el entorno y convertirlas en una zona libre de suciedades y de deshechos no biodegradables. Así mismo, es una empresa que provee muchos empleos directos e indirectos y que aporta, con los impuestos que paga, un mejor estar de Santa Marta. Finalmente, el Irotama es un hotel que nada tiene que envidiar a los de otros países, cuyos gobiernos sí promocionan el turismo, en contraste con lo que hace el nuestro. Esa promoción, que debería ser una prioridad del Estado, la tienen que hacer los quijotes, como los directivos del Irotama, que creen en las bondades turísticas de nuestro país.

Nota al margen: Todo buen periodista, cuando hace acusaciones como las de Felipe Zuleta, debería, antes de escribir su diatriba —seguramente inspirada por enemigos gratuitos de la familia Díaz— hablar con la contraparte, es decir, en este caso, con el presidente de la sociedad Irotama S. A.

Alfonso Cano Isaza. Bogotá.

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