Del Banagrario sobre Benedetti

En esta oportunidad me dirijo a usted con el fin de efectuar algunas precisiones respecto a la información referida por el senador Armando Benedetti, en la entrevista publicada el pasado 27 de julio en El Espectador.

En ella el senador sostiene, refiriéndose al hoy precandidato presidencial Andrés Felipe Arias, que “él tiene 28 representantes, gracias al Banco Agrario y, según dicen, gracias al Ministerio de Agricultura, que se lo dejaron ahí”.

Al respecto quiero informarles a ustedes, y a la opinión pública, que todos los procesos del banco se efectúan con absoluta transparencia e independencia, sin que tenga ningún sustento la afirmación del senador Benedetti.

Nuestros procesos de crédito se realizan con base en un sistema de Administración de Riesgo Crediticio aprobado por la junta directiva y presentado a la Superintendencia Financiera, mediante órganos colegiados en todas las instancias.

Nuestros procesos contractuales se desarrollan a través de procesos concursales reglados, vigilados por nuestra Revisoría Fiscal y por todos los entes de control externo; de igual manera se adelantan todos los procesos de selección, con pruebas llevadas a cabo por entes externos reconocidos y especializados ciñéndose a los perfiles definidos por la entidad para cada cargo y área. En el caso de los cargos directivos, la selección se lleva a cabo a través de head hunters, sin que medien en ningún caso personas ajenas al Banco. Por lo anterior, rechazamos las afirmaciones del Senador, por irresponsables y carentes de toda veracidad.

 David Guerrero Pérez.  Presidente Banco Agrario. Bogotá.

Primero dignidad

La prensa da cuenta de cómo países como Brasil, Chile, España y otros se han ofrecido para mediar entre Colombia y Venezuela en el caso de los lanzacohetes encontrados en una caleta de las Farc. Pero qué tipo de diálogo puede darse ante un hecho de semejante gravedad. Ya, ante evidencias irrebatibles, haciendo referencia a los mismos lanzacohetes, el Washington Post, en su editorial, pide que el gobierno de Hugo Chávez sea incluido en la lista de los patrocinadores del terrorismo internacional.

El Gobierno colombiano está en la obligación de anteponer sus principios democráticos y su dignidad a las consecuencias económicas y adelantarle a Hugo Chávez, de no presentar éste explicaciones suficientemente justificativas, las consecuencias de su actuación. Es más, mientras el incidente no quede totalmente aclarado, Álvaro Uribe debería abstenerse de asistir a cualquier foro de países latinoamericanos en el que esté presente el presidente venezolano.

 Juan Maal. Barranquilla.

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