Del dicho al hecho

Hacer periodismo por estos días es un poco ser receptor de quejas y lanzar voces de alerta que a veces no sirven pero hay que dar. Esta columna recoge varios desahogos. No se puede desconocer el inmenso esfuerzo que hacen miles de funcionarios en todos los niveles para enfrentar la peor crisis que hemos tenido en décadas; sin embargo, los anuncios que se hacen generan unas expectativas que luego en la realidad no se satisfacen plenamente porque no es tan sencillo como lo anuncian. Ahí es donde aparecen los gritos desesperados de trabajadores sin ingresos, pequeños empresarios que ven cómo se quiebran sus negocios, ciudadanos que no entienden por qué subieron los servicios públicos y trapos rojos que se izan en puertas y ventanas. Para todos hay un decreto o un anuncio, pero no necesariamente una solución. La pandemia también ha puesto de presente las dificultades para pasar del dicho al hecho. Siempre es así, pero en emergencia la paciencia se agota a pesar de lo mucho que hacen los gobiernos locales y nacional. Todo es poco y los que vienen son unos ejemplos.

A pesar del anuncio de millonarios subsidios a la nómina que están llamados a proteger el empleo, cientos de empresarios que son personas naturales se quejaron por las dificultades para acceder y ya les respondieron que sí los van a incluir. Cuando termino esta columna aún no están claros los términos para recibir el beneficio. A muchos les llegará tarde porque ya Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, reportó que 39 % de sus afiliados tomó la decisión de despedir personal en el mes de abril. Cientos de pequeños negocios se ahogan sin remedio, como los más de 22.000 restaurantes que ya decidieron cerrar sus puertas de manera definitiva. Todo a pesar de los decretos y las medidas que se toman. Por eso el desespero de muchos cuando ven que su realidad contrasta con los anuncios.

En servicios públicos se decretan unos alivios. La alcaldesa Claudia López llegó a ofrecer que no se cobrarían en Bogotá en la emergencia. Al final no lo pudo hacer a pesar de la expectativa generada entre los usuarios que nadan en la escasez. Se decidió por los subsidios. Es un problema nacional y, sí, se han tomados medidas para enfrentarlo: diferir el pago, no hacer cortes por no pago, dar subsidios. Hay decisiones. No obstante, para muchas familias lo concreto es que tienen recibos con incrementos de 40, 50 % y más. Se dice desde el Gobierno que las empresas no pueden cobrar por promedio de consumos anteriores y aun así los usuarios comparten cientos de recibos con cargos promediados que cobran lo que no se ha gastado en la cuarentena. El Gobierno dice que no lo hagan y las empresas igual lo hacen. La capacidad de control no es suficiente.

El decreto de excarcelación masiva de presos no logró sacar masivamente de las cárceles a los 4.000 presos que, según dijeron, tendrían el beneficio. Los decretos que buscan facilitar los créditos han dejado por fuera a muchos empresarios que relatan sus historias de dolor porque en los bancos les piden garantías que no tienen. Se entiende, reitero, la magnitud de la emergencia que desborda cualquier esfuerzo. El punto es que la crisis se complica por nuestra cultura de creer que los problemas se solucionan con una ley o un decreto. Lo real es que cumplir lo escrito no es fácil. Hecha la ley, hecha la trampa, o que lo digan los organismos de control que han detectado contratos con sobrecostos en los mercados para los más pobres, mientras mucha gente pasa física hambre detrás de su trapo rojo. Es la corrupción y es también la costumbre del papeleo eterno, el visto bueno, la fotocopia autenticada, la certificación y el sello. Difícil en cualquier tiempo, imposible en cuarentena cuando es cuestión de supervivencia. Palabras de desahogo para que quienes no logran los beneficios anunciados no se sientan solos en su drama.