Del Hotel Irotama

Queremos expresar nuestra absoluta inconformidad con el contenido de la columna denominada “Boicot al Irotama”, de autoría del señor Felipe Zuleta Lleras, pues él se basa en información sesgada, está lleno de inconsistencias y contiene acusaciones graves e infundadas en contra de Irotama, lesivas del derecho al buen nombre y el prestigio conseguido tras más de 45 años de trabajo arduo y responsable con el cual no sólo se ha favorecido el turismo nacional e internacional, sino que se han generado importantes fuentes de empleo en la ciudad de Santa Marta.

Rechazamos por completo las fuentes malintencionadas que transmitieron la información que originó este artículo y consideramos que el doctor Zuleta, lamentablemente, fue víctima de un engaño, pues se le ocultó información que resultaba fundamental para opinar sobre el tema y que, de haber conocido antes, estamos seguros le hubiera merecido una opinión distinta para no evaluar actos administrativos sin suficientes elementos de juicio y desconocer principios elementales como el debido proceso y el derecho a controvertir pruebas.

Consideramos que el doctor Zuleta incurrió en un inexcusable error al asumir como si fueran hechos juzgados los contenidos en una acción popular presentada en contra de Irotama, pues lo mínimo que le exigía su condición de abogado para no arriesgar su credibilidad como periodista, era abstenerse de opinar hasta evaluar íntegramente el estado de esta actuación judicial, con la respuesta que en su oportunidad presentó esta sociedad.

La gravedad de las acusaciones efectuadas y la magnitud del atropello al buen nombre de esta sociedad nos obliga a aclarar que en los diez años en los que, según el artículo, se han incumplido actos administrativos, se han generado otros tantos que demuestran absolutamente lo contrario, es decir, que no existe ningún tipo de violación de espacio público, ni invasión de playas, ni vulneraciones al medio ambiente como erróneamente se afirma. Con el fin de que la opinión pública pueda conocer la verdad de los hechos nos permitimos aclarar lo siguiente:

1. Es importante señalar que actualmente cursa un proceso de acción popular ante el juez cuarto administrativo de la ciudad de Santa Marta, luego es la justicia la que, de acuerdo con todas las pruebas y argumentos, debe entrar a resolver cualquier diferencia que pueda existir en el presente asunto.

2. El periodista desconoce que en el año de 1997 se rindió una experticia por topógrafos oficiales dirigido al Secretario de Planeación de la Alcaldía de Santa Marta, en el cual se concluyó que la carrera primera de la urbanización Bello Horizonte se encuentra ocupada de años atrás, entre otros, por los predios del edificio Arrecifes, desarrollado por un constructor de la ciudad de Santa Marta, a quien se ha solicitado vincular al proceso, junto con todos los propietarios del mencionado edificio.

3. Adicionalmente, no se hace mención de la existencia de la certificación del 24 de noviembre de 2004 y las resoluciones 113 -CP4-ALTIMA-021 del 11 de agosto de 2007 y 171-CP 4-021 del 11 de diciembre de 2007 expedidas por la Dirección General Marítima-Capitanía del puerto de Santa Marta, las cuales obran en el expediente de la acción popular y prueban que Irotama no está invadiendo playas.

4. Por otra parte, se debe aclarar que el Lago de las Iguanas, al contrario de lo expuesto, es en realidad un lago artificial construido por Irotama hace más de 45 años con el fin de encauzar las aguas cenagosas que existían en esa época, lo que hizo posible la creación de este entorno y refugio ecológico que preserva muchas especies vegetales y animales.

5. El periodista omite informar que en su oportunidad legal, Irotama presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 437 de 2000 expedida por Corpamag, actuación judicial que culminó con acta de acuerdo entre esta entidad e Irotama por cumplimiento de obligaciones.

6. En el artículo se desconoce que el 17 de mayo de 2005 el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta, Dadma, expidió la Resolución 021, la cual validó todas las actuaciones ambientales efectuadas por Irotama, al aprobar el plan de manejo ambiental presentado por esta sociedad para la zona, para encauzar las aguas que escurren por el cauce mayor de la quebrada El Rastrojo, que es simplemente una quebrada de invierno que se causa por las escorrentías, propuesta que fue completamente avalada por el Dadma al constituir una solución ambiental idónea para el sector.

En relación con las acusaciones en contra de los vigilantes del Hotel, aclaramos que no es cierto que Irotama restrinja el paso a las playas públicas, sobre las cuales a Irotama le ha otorgado la Dimar una concesión perfectamente legal para uso y goce de las mismas desde hace más de 15 años, con la imposición de comprar una tiquetera, producto que ni siquiera existe en el Hotel. Es necesario tener en cuenta que lo que existen son controles de acceso legítimos en ciertas zonas de propiedad privada del Hotel, pues Irotama desarrolla un objeto mercantil dentro de sus terrenos y como tal presta servicios de piscina, restaurantes, spa, gimnasio, entre otros, y como cualquier otro establecimiento de este tipo tiene derecho a controlar la entrada a sus instalaciones particulares y a exigir de quienes las utilizan las contraprestaciones correspondientes.

Rechazamos por completo este tipo de periodismo, que calificamos como irresponsable, lesivo de derechos fundamentales mínimos y, sobre todo, destructivo, pues no de otra manera se puede catalogar una invitación a realizar un ‘boicot’ en contra de Irotama, desconociendo una tradición de buen servicio de más de 45 años y el derecho al trabajo de cerca de 700 trabajadores directos y cerca de 2.400 indirectos.

Héctor M. Díaz Herrera.  Presidente, Irotama S. A. Santa Marta.

De colección

Su edición del pasado fin de semana parecía más de colección que rutinaria. A sus ya espectaculares columnistas se sumaron tres artículos que a mi modo de ver hablan mucho de la calidad de su periódico: “El bombardeo” (Alfredo Molano),


“Zona Farc: la ley de la selva” (Héctor Abad) y “Las reinas de la guerra” (Alfonso Rico Torres). Qué textos tan bien escritos y amañadores. La verdad me tomó toda la mañana del domingo leer sólo aquellos que les estoy mencionando. Espero sigan así. Felicitaciones.

John Fredy Gallego. Bogotá.

De Plazas Vega

Quiero solicitar se hagan algunas precisiones a la entrevista que se le hizo al suscrito, publicada el pasado sábado 5 de abril.

1. En realidad yo no he rendido testimonio ni acusación alguna sobre la conducta del Mayor General Iván Ramírez Quintero con relación a la muerte fuera de combate de la guerrillera Irma Franco. En mi entrevista lo que he hecho es dar a conocer a la opinión pública los testimonios que obran en el proceso contra el General, y que inexplicablemente no han sido investigados, mientras a mí se me acusa de delitos con los cuales no tengo nada que ver. Según esos testimonios en este caso hubo un homicidio agravado. Lo que yo busco es claridad. Lo que yo busco es la verdad.

2. Dentro de los recuadros publicados al lado de la entrevista se vuelve a mencionar el cuento de que en mi casa “encontraron” unos videos que demuestran que Cristina del Pilar Guarín y Carlos Augusto Rodríguez salieron con vida. Debo aclarar que eso no es cierto. En primer lugar, los videos no fueron “encontrados”. Cuando terminó la inspección judicial en mi casa fue el suscrito quien le manifestó a la fiscal que tenía un video, que me parecía conveniente que ella lo viera. Era el video que desde 1991 venía utilizando para mis conferencias sobre los hechos del Palacio de Justicia. El video no es otra cosa que una colección de noticias de la época presentadas por los diferentes medios de comunicación. Y en segundo lugar, el video no demuestra la salida de las dos personas mencionadas, sino la salida de multitud de personas en la medida en que iban siendo rescatadas por las tropas. Lo que pasa es que algunos familiares pretenden reconocer a sus deudos dentro de las muchas personas que estaban siendo conducidas “vivas” a la Casa del Florero. Y lo más claro es que este video no fue considerado dentro de las pruebas que utiliza la fiscal en la resolución de acusación. Como tampoco las declaraciones del ex policía Gámez Mazuera, porque la Procuraduría las evaluó como “carentes de todo fundamento”.

3. Aporté un mapa que el testigo con reserva de identidad entregó a la Procuraduría hace varios años explicando en qué lugar enterraron a Irma Franco, cerca de los polígonos de la Escuela de Caballería, y obviamente no han encontrado nada, porque no han leído nada, porque no han leído con juicio los testimonios, o porque no les interesa investigar adecuadamente, o no les interesa conocer la verdad sino hacer un cobro político a quien nada tiene que ver con este tipo de barbaridades. Lamentablemente no fue publicado.

4. Aporté un organigrama de las mandos del Ejercito durante los hechos del Palacio de Justicia, el cual clarifica el verdadero nivel en el que me encontraba como Comandante de la Escuela de Caballería y lo absurdo de las imputaciones que se me hacen, pero seguramente por razones de espacio, el organigrama fue presentado en tal forma que no se entiende nada.

De todos modos la entrevista tuvo una gran audiencia, en particular en el sector castrense, y aclaró muchas cosas.

Luis Alfonso Plazas Vega. Bogotá.

Los proyectos de los ‘paras’

En respuesta al artículo “Proyectos de ‘paras’ en la mira”, publicado en la edición del pasado fin de semana, me permito hacer las precisiones sobre los convenios cuestionados.

Los recursos asignados a los proyectos de floricultura, caucho natural, piscicultura y ganadería, por un valor total de $1.165 millones, localizados en Tarazá, Antioquia, fueron ejecutados por cinco asociaciones de desmovilizados de las Autodefensas de manera satisfactoria y estaban operando en la fecha en que entregamos el programa a la Alta Consejería para la Reintegración, febrero de 2007. Así consta en los informes del auditor designado por el Programa de la Reinserción del Ministerio del Interior y Justicia, de diciembre de 2006 a enero de 2007, y en el acta de visita a esos proyectos de los delegados de la Consejería para la Reintegración Antonio Picón y María Isabel Agudelo, del 19 de enero de 2007. El auxilio para el proyecto piscícola fue de $50 millones, no de $592 millones, como aparece en la publicación.

El “capital semilla” para los proyectos de zapatería y panadería en Sincelejo, aseo en Montería, piscicultura y ganadería en Barrancabermeja, arroz en Puerto Santander, por valor de $228 millones, fue entregado por la Consejería para la Reintegración. No sabemos qué tipo de supervisión hizo a esos proyectos la Consejería.

En el proyecto de La Dorada, Caldas, fueron sustraídos $10,5 millones de los $44 millones entregados. Pusimos en conocimiento a la Fiscalía ese hecho y sugerimos a la Alta Consejería que hiciera seguimiento a la investigación.

De la asignación de $600 millones para el cultivo de estebia en la Sierra Nevada de Santa Marta, no tenemos ninguna información, pues no trabajamos ese proyecto.

Deseo reiterar que el 12 de febrero de 2007, por solicitud de la Consejería para la Reintegración, pusimos fin a las actividades que adelantábamos desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz y empezamos a entregar a la Consejería para la Reintegración la documentación de las 157 asociaciones de desmovilizados de las autodefensas que logramos conformar.

Presidencia de la República

Juan B. Pérez Rubiano. Ex coordinador de proyectos productivos. Bogotá.

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