Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de buhardilla

Del nuncio apostólico

Ya era hora de que la jerarquía de la Iglesia católica enviara a la comunidad un verdadero mensaje de reconciliación y despolarización. Quienes se han familiarizado con mis opiniones saben que no profeso ni ejerzo ninguna fe religiosa, pero también les consta que mis críticas a los mal llamados jerarcas católicos criollos están fundadas principalmente en su indolencia en muchos frentes y, en particular, en el lamentable papel que jugaron en octubre de 2017 cuando desde los púlpitos invitaron a votar por el No, propalando mentiras. Ganaron con fraude, pero incurrieron en un grave error que todavía no han reparado, a pesar de que lentamente se han ido convenciendo de la necesidad de apoyar el proceso de paz.

Por eso viene como un bálsamo la entrevista concedida a El Tiempo por el nuncio apostólico monseñor Luis Mariano Montemayor, en la que hizo aseveraciones muy sensatas que no pueden pasar inadvertidas. El nuncio es el embajador de la Santa Sede en Colombia, además de diplomático es pastor de su Iglesia, pero también vocero del papa Francisco. En otras palabras, no habló cualquier cura, sino alguien que no abre su boca sin autorización y de ahí la importancia de detenerse en lo que dijo y cómo lo hizo.

Montemayor reconoció que la implementación del acuerdo de paz con las Farc está amenazado, porque las gentes de esos territorios marginados viven en la incertidumbre y “no saben siquiera con quién tienen que hablar”. Esta afirmación es importante porque es fruto del conocimiento directo, no de la chismografía clerical, pues este monseñor ha salido de su cómoda casona de la calle 37 para visitar las polvorientas y oprimidas zonas de conflicto.

Seguramente la ultraderecha recalcitrante ya debe estar señalando al nuncio de ser amigo de las Farc o tildándolo de mamerto, como lo han hecho injusta y groseramente con monseñor Darío Monsalve, el valeroso y vilipendiado arzobispo de Cali, pues sentenció que los hechos críticos que están sucediendo en varias regiones se han producido porque “no hubo un proceso de ocupación territorial por parte del Estado, que debió haber ocurrido , cuando se produjo el retiro de las Farc”, pues allá “el Estado nunca estuvo”. Esos fachos incorregibles e incendiarios tendrán que leer la entrevista de este sacerdote porque, con una habilidad que ya quisiera nuestro rimbombante canciller Holmes Trujillo, supo sacudir con buenas maneras tanto al Gobierno como a esos insurgentes que con sus actitudes pusieron en peligro el proceso de paz, como alias Iván Márquez, e inclusive a Nicolás Maduro.

El aparte más revelador de esta importante conversación del nuncio sin duda lo constituye su decidido espaldarazo a la Justicia Especial para la Paz (JEP) o, lo que es lo mismo, el apoyo del mismísimo pontífice a este accidentado proceso que todavía algunos quieren volver trizas. Este religioso, que es testigo de primera mano de lo que está pasando, recomendó sin ambages que lo que hay que hacer para que no se continúe deteriorando la paz es dejar de torpedear la JEP: “Dejemos esta actitud de francotiradores contra el sistema de justicia transicional… hay que dejarla actuar, dejar que muestren lo que valen y lo que pueden hacer”. Más claro, imposible.

Esa, por supuesto, es una muy buena noticia que mereció mejor tratamiento en todos los medios y que ojalá la recojan pronto en algunos púlpitos oscurantistas. El cardenal Salazar, antes tan reacio con el proceso de La Habana, debería ponderar públicamente las palabras de este audaz diplomático argentino que en hora buena llegó al país a suceder al nada carismático y sinuoso monseñor Ettore Balestrero, de ingrata recordación en estas tierras, como de ello di cuenta en varias Notas de buhardilla. La Iglesia católica tiene la inmensa responsabilidad de prestar su valioso concurso para que este esfuerzo de vivir en paz no naufrague por los fundamentalismos de quienes siguen creyendo que es mejor vivir en guerra permanente.

Adenda. Es un escándalo que las investigaciones del Consejo Nacional Electoral por ingresos de dineros indebidos a las campañas políticas se archiven por caducidad. ¿Y el derecho ciudadano a conocer la verdad en qué quedaría?

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2019-09-15T00:00:50-05:00

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