Del Petrovideo a la Petrojusticia

La justicia penal se concibió como un conjunto de garantías que se le otorga a una persona denunciada por un delito. Sobre este sistema se construyeron todas las instituciones, pero el modelo se desfiguró en Colombia por varios actores políticos que victimizan a la oposición y criminalizan sin juicio previo todo lo que venga de la institucionalidad.

Nuestros opinadores están cayendo vertiginosamente en la trampa de promover una espiral del odio, estrategia que radica en acabar con las instituciones, desmotivar la inversión en el país y que nadie quiera ser servidor público. Ahora, en el manual de funciones para ser funcionario debería incluirse la obligación de someterse al acoso permanente de ciertos actores que no hacen y no dejan hacer y que se refugian en la magnificación del problema y en la ridiculización de los avances.

Este campo minado, al cual están sometiendo a las personas que creen e invierten en el país, es el peor enemigo del progreso social. La alianza política entre Claudia López y Gustavo Petro está encaminada a crear una atmósfera para señalar que las cosas van mal. Estos actores se atreven a decir que Colombia no es una democracia, olvidando que en las últimas elecciones sacaron más de ocho millones de votos con apoyos cuestionados, como el que denunció Diosdado Cabello. En serio, no existe democracia o ellos quieren que no exista, porque añoran que se dé una catástrofe que los siga catapultando.

Estos fanatismos, que le apuestan al deterioro de todas las instituciones, son el campo sobre el cual crecen los lulas, los evos, los chávez y hoy los maduros. Países que deterioraron todo su sistema económico sin avanzar en lo social y asesinaron, literalmente, lo que hoy entendemos por democracia.

Las barras bravas de tuiteros están garantizando que los actos de corrupción de la izquierda sean loables, y estamos ad portas de que comprar camiones viejos, votar negativamente la extradición de narcotraficantes y otras conductas atroces sean justificables en nuestro país, claro está, si vienen de grupos políticos de la izquierda.

Lo peor es la doble moral de un político que no duda en destrozar mediáticamente la imagen de sus rivales ante cualquier rumor, pero cuando él es el juzgado pide que se apliquen las garantías de la justicia que él mismo destroza todos los días en sus redes sociales. En ese momento sí desempolva las leyes exigiendo presunción de inocencia, debido proceso y derecho a la defensa. Lo más curioso de todo es que su defensa la ha encabezado un abogado que ha representado a la cuestionada Odebrecht. Pero en su hipocresía eso no le parece grave al coherente líder de la Colombia Humana. Lamentablemente, este sistema de justicia de las redes sociales ha reemplazado las leyes por los prejuicios, las pruebas por los tuits y los abogados por los tuiteros, en otras palabras: una justicia paralela de las barras bravas sin principios y donde el único que pierde es el país, que cada día se desencanta de sus instituciones.

En Colombia, un ciudadano que pague impuestos y genere empleos formales está condenado moralmente ante cualquier escándalo antes de empezar el debate, mientras que un político de izquierda que tenga el apoyo de las redes puede dormir en la impunidad. En resumen, nació la Petroimpunidad: si falla positivamente se actuó con justicia, si los fallos son negativos se promueven marchas.