En respuesta al editorial del 11 de enero de 2021, titulado “La delgada línea roja”.
No comparto su editorial, porque en la sociedad democrática, que se fundamenta en la división de los poderes públicos y en la aplicación de la ley por el juez natural, no se puede reconocer el valor supremo de “la delgada línea roja” en materia de libertad de expresión y simultáneamente delegar su aplicación en la mano inverosímil de agentes del mercado, por más altruistas que sean los fines perseguidos.
Desde los años 70 del siglo XX los debates de la Unesco, en los cuales participó El Espectador, incorporaron el concepto de responsabilidad social en las comunicaciones y los medios y de obediencia a la ley, el cual fue recogido por la Constitución; mandato ético-jurídico que seguramente ilumina su afirmación de que “hay momentos y situaciones en los cuales se debe restringir su manejo irresponsable por ir en contra de la ley”, aludiendo a la libertad de expresión.
En tal sentido, los pactos internacionales de derechos humanos, de los cuales participa la democracia de Estados Unidos —cuyo ultraje indigna a quienes abrazan ideas liberales en el mundo—, han establecido restricciones admisibles a la libertad de expresión para “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas”.
No obstante, por respeto al valor que las libertades de expresión e información tienen para la sociedad democrática, por principio, los responsables de verificar y sancionar a los ciudadanos infractores son los tribunales y los jueces, bajo estrictas restricciones y estándares de ponderación en cada caso concreto.
En el Estado constitucional democrático es indeseable que los funcionarios administrativos de origen político o legislativo metan mano en las libertades de expresión e información por lo que ellas significan para la dignidad humana, la libertad de prensa y la sociedad pluralista.
El papel del Estado frente a los medios —según la Corte Constitucional— es no interferir con los derechos de expresión e información, crear las condiciones para su ejercicio a través de los organismos legitimados e intervenir para evitar que terceros obstruyan el goce de estas libertades.
Siendo así, con mayor razón, no es aceptable que la galería acalorada, los medios o los propietarios privados de infraestructuras y redes puedan erigirse bajo sus propios criterios privados en jueces de los infractores, porque hoy vienen por Trump, pero se crea un precedente para que mañana retiren las cuentas de otras minorías o mayorías políticas, sociales, culturales, sexuales, religiosas e incluso las de El Espectador.
En tal caso, la aplicación privada de la línea roja quiebra un principio democrático indelegable y los ciudadanos ya no sabrán si sus nuevos jueces son los ejecutivos y propietarios de las plataformas mercantiles o los prestigiosos magistrados de las cortes norteamericanas o colombianas que cuidan el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, lo cual no niega los derechos y deberes delimitados de las corporaciones privadas.
* Doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.