Por: Yesid Reyes Alvarado

Delitos de lesa humanidad vs. principio de favorabilidad

Un derecho penal sin restricciones se convierte en un peligroso instrumento de poder.

Los gobernantes podrían utilizarlo para combatir a sus opositores enviándolos a prisión sin sujeción a ninguna ley, por los hechos que su capricho les indicara y por el tiempo que quisieran.

Por eso desde el siglo XVIII hombres como Beccaria lucharon para conseguir el reconocimiento de límites que evitaran tales abusos. Una de esas talanqueras es lo que hoy se conoce como el principio de legalidad, conforme al cual nadie puede ser investigado, procesado ni condenado por una conducta que no haya sido previamente consagrada como delito. Esta regla permite que el ciudadano no sea sorprendido mediante el empleo de leyes que no existían en el momento en que desarrolló un determinado comportamiento. Su importancia es tal que se halla consagrado en instrumentos internacionales, en la Constitución, en el Código Penal, y es reconocida y defendida por las cortes Constitucional y Suprema de Justicia.

Una de sus consecuencias es la de que una norma penal sólo rige hacia el futuro y, por consiguiente, no puede ser aplicada a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia; la única excepción que reconocen las legislaciones, la jurisprudencia y la doctrina, surge cuando la nueva ley resulta favorable al individuo, como ocurriría cuando se quita el carácter delictivo a una actuación que venía siendo considerada como tal. La validez de este principio de favorabilidad es universalmente aceptada en relación con todas las leyes penales que consagren algún derecho sustancial.

La prescripción de los delitos también tiene su explicación como limitante al poder punitivo, en cuanto busca evitar que se pueda estar indefinidamente sometido a escrutinios penales, que funcionarían entonces como la legendaria espada de Damocles. Las excepciones que hoy existen en el ámbito internacional se refieren a casos en los que los estados hayan abusado de su poder para evitar el normal funcionamiento de la administración de justicia, circunstancia ésta que justifica la intervención de una Corte Internacional más allá de los términos prescriptivos señalados por cada país.

La fijación de un plazo máximo para que se investigue un delito no es una mera formalidad operativa, sino la consagración de un derecho sustancial: los ciudadanos pueden exigir que cesen en su contra las indagaciones cuando ha transcurrido el tiempo concedido para adelantarlas. En consecuencia, las normas que señalan esos límites sólo pueden ser utilizadas hacia el futuro, salvo que resulten favorables al individuo, como ocurriría cuando ellos se reducen.

Estoy convencido de que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad sólo opera frente a tribunales internacionales. Pero si en gracia de discusión se asumiera que también lo es en Colombia, la ley que la consagró sólo podría ser aplicada a casos cometidos con posterioridad al momento de su entrada en vigencia; extender sus efectos a conductas desarrolladas con anterioridad a la existencia de esa norma constituye una flagrante violación a un principio estructural del derecho penal: el de la favorabilidad.

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