Por: Juan Gabriel Gómez

Democracia sin ciudadanos

La aprehensión del ministro del Interior hacia el voto obligatorio surge de una interpretación equivocada de los derechos de los ciudadanos.

Está en remojo un proyecto de reforma al Código Electoral. Uno de los aspectos que falta por definir es la consagración del voto obligatorio. Con respecto a este punto, el ministro ha expresado su desacuerdo. Según Vargas Lleras, no es correcto presionar a nadie para que concurra a las urnas.


Para ser efectivo, el voto tiene que estar acompañado de sanciones para quienes no voten. Esto no le cuadra al ministro. Si la gente tiene el derecho de votar, ese derecho incluye el de no hacerlo. Además, según el ministro, varias experiencias internacionales indican que la eficacia del voto obligatorio para aumentar la participación no es siempre la misma. Yo creo que el ministro se equivoca y quisiera decir por qué. La democracia colombiana es defectuosa. Parte de este carácter tiene que ver con los bajos niveles de participación electoral registrados en su historia. Desde las primeras elecciones realizadas al inicio del Frente Nacional hasta ahora, son pocas en las que han participado más de la mitad de los ciudadanos. En algunos casos, -las parlamentarias de 1964, 1978, 1991 y 1994-, la participación ha sido igual o ligeramente superior a la tercera parte del censo electoral. Si la gente no participa, ¿es correcto obligarla? Si uno adhiere a la idea de que la libertad de los ciudadanos está por encima de la comunidad política de la cual hacen parte, es entendible que uno se oponga al voto obligatorio. Sin embargo, esta visión es errada y no creo que sea la que inspire la aprehensión de Vargas. Para ejercer sus derechos, hombres y mujeres se agrupan en comunidades políticas: ciudades-estado, estados-nación... Uno de esos deberes es el de pagar impuestos; otro el de prestar el servicio militar; y, en algunos casos, el deber de votar. A este respecto, no se nos debería olvidar que nuestra Constitución consagra el voto como un derecho-deber. Es cierto que este último no es universal. También es cierto que las comunidades políticas no se han establecido para provecho mutuo de todos los hombres y mujeres. Hay quienes se benefician de la organización política más que otros. Sin embargo, los beneficios nunca estarán mejor repartidos si la mitad de los ciudadanos siguen sin participar en el proceso electoral. Participar es una manera de contribuir al funcionamiento de la democracia. Es por ello una manera de crear las condiciones que hacen posible el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Desde este punto de vista, la obligación de votar es una manera de hacer efectiva nuestra libertad, no de negarla. La experiencia internacional a este respecto también es aleccionadora. El trabajo de Scot Schraufnagel y Barbara Sgouraki (“Voter turnout in Central and South America”, The Latin Americanist 49 (1): 39-69) tomó en cuenta varios factores para explicar la participación electoral. El deber de votar, asociado a un régimen de fuertes sanciones, figura como una de las causas más prominentes. Todas estas son razones para que el ministro Vargas revise su posición sobre este asunto y para que también lo hagan quienes, como él, todavía tienen mucha aprehensión hacia una institución que, lejos de restringir la libertad contribuye a crear las condiciones favorables para su ejercicio.


 

 

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