Por: Cristina de la Torre

Derechas: hasta la última migaja

Como el avaro Goriot que se aferra trémulo en el lecho de muerte a su última cucharilla de plata, así se vuelca acezante la clase parlamentaria sobre 16 curules asignadas por vez primera en la historia a comunidades marginadas, las más martirizadas de la guerra. No alcanzan tales curules al 6 % del Congreso, pero las derechas pelan en su ruindad todos los cobres. Pelan rapacidad para retener hasta la última migaja de su poder centenario, empotrado en la violencia. Pelan miedo a un porvenir sin guerra que desemboce al movimiento social, rompa la hegemonía de la caverna y rescate a Colombia del siglo XIX para instalarlo en el XX. Vergüenza da esta legión de “señorías” rodeadas de hombres con abultado prontuario, prohombres consentidos de la parapolítica y la corrupción en pantomima de decencia.

Advierten ellos que la Farc u otros maleantes infiltrados de la ilegalidad acapararán las Circunscripciones Especiales de Paz. Que la patria (¡ay, la patria!) ha de ponerse en guardia contra aquel lobo vestido de paloma. Pero todos saben que los aspirantes a esos cargos son, casi sin excepción, contradictores de las Farc, de los paras y del notablato local en las regiones. Que su sello de identidad es el liderazgo social, la vocería de las víctimas, cientos de veces truncados por el asesinato. Además, la representación política de esas zonas es vértebra de la estrategia de desarrollo con enfoque territorial, núcleo de la paz.

Recuerda Héctor Riveros que entre los municipios de aquellas circunscripciones figuran Toribío, víctima de ocho tomas guerrilleras y 24 ataques; Caldono, con nueve tomas y 21 ataques; el Tambo, con ocho tomas y 12 ataques. El Congreso se burla de dirigentes como Víctor Hugo Moreno, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios del Cauca, amenazado por las Águilas Negras. Nelson González, miembro de una Asociación Campesina en San Vicente del Caguán y presidente de la Federación de Ganaderos del Caquetá, reivindica a “los campesinos que queremos estar donde se toman las decisiones. No pueden excluirnos a nosotros que hemos pagado, puesto los hijos y los muertos del conflicto”. A Soraya Bayuelo, Premio Nacional de Paz de Montes de María, los paras le mataron a un hermano y, las Farc, a su sobrina. Dijo: “no somos guerrilleros, somos víctimas… pusimos los muertos, las tristezas, el perdón y la reconciliación; tenemos derecho a elegir y ser elegidos”.

Pero la ultraderecha sigue tras el fantasma de las Farc, demoniza a quienes defienden la paz y guarda silencio sepulcral sobre su liberalidad con el paramilitarismo. Es hecho verificado que la parapolítica apoyó con pasión el Gobierno de la Seguridad Democrática, y éste lo permitió. Que tras las elecciones de 2002 y 2006, el brazo político del narcoparamilitarismo ocupó un tercio de las curules del Congreso. Que 80 % de la autodenominada bancada uribista ostentaba esa filiación. Que 102 representantes y 97 senadores fueron investigados por ello, y 85 terminaron tras las rejas. ¡Y todavía se permite esta derecha moralizar contra las curules de las víctimas!

Pero la bofetada propinada a esta ley podrá convertirse en bumerang contra los pugilistas. Johnny Lozano, líder del Movimiento Colombia sin Víctimas y doliente de la masacre de La Chinita perpetrada por las Farc, declaró a La Silla Vacía: “Al Congreso le quedó grande la paz. No le interesa. Si no le servimos en las regiones, tampoco le van a servir nuestros votos para ganar las elecciones. Nos vamos a encargar de que en los 167 municipios no salga ni un voto para (él)”. Acaso la renovación de la clase política despunte allí donde menos se esperaba: en la Colombia olvidada.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad a los lectores.

 

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