Por: Marc Hofstetter

Derecho a vetar obras

Tres ciudadanos presentan una acción popular y frenan la construcción de una cancha deportiva en un parque público de la ciudad de Bogotá. Defienden unos árboles que habría que tumbar para dar lugar a la cancha. (Quedarán para el anecdotario histórico las palabras de una vecina de alta alcurnia explicando que allí no necesitan canchas porque todos tienen club. Al margen de la tragedia que encierra el argumento, supongo que las canchas del club son subterráneas y que no afectaron mata alguna para construirlas).

Unas cuadras más arriba, algunos vecinos de un edificio presentan otra acción legal que detiene esta vez, no un parque, sino la licitación del Transmilenio por la Séptima, una de las obras de infraestructura más grandes de la historia de la ciudad. El grupo de vecinos tiene dudas sobre el impacto de la obra en su edificio.

Un tercer grupo de ciudadanos instaura otra acción popular que frena la licitación del parque ecológico en el embalse San Rafael, una obra de más de $600.000 millones que daría acceso a los bogotanos a esa maravilla ecológica. El argumento esgrimido es la defensa del medio ambiente. Suena raro que habiendo entidades del Estado encargadas de estudiar licencias ambientales con criterios técnicos, las opiniones de unos ciudadanos y un juez puedan contradecirlas.

Así, en pocos meses, un reducido número de ciudadanos, con la anuencia de algunos jueces, ha parado tres obras, dos de ellas de gran calado para la ciudad. No pretendo defender esas obras. El punto relevante no es nuestra opinión sobre las mismas. El punto de fondo es quién decide qué obras se hacen en una ciudad. La respuesta debería ser “la Alcaldía”, democráticamente elegida: ninguna obra es del gusto de todos, pero la decisión de la Alcaldía con certeza representa de mejor manera la opinión de los votantes que la de unos pocos ciudadanos que se oponen y unos jueces que no elegimos. La misma lógica que aplica para las expropiaciones de cara a hacer una obra pública debería primar aquí: el derecho mío (por ejemplo, sobre una propiedad) no puede estar por encima del derecho de todos a que se haga una obra de interés público usando mi propiedad. No podemos avanzar como sociedad si cada uno de nosotros tiene poder de veto sobre las obras públicas.

Claudia López, que lidera las encuestas para la Alcaldía de Bogotá, celebró la noticia de la parálisis de la licitación de la Séptima. Alega que la obra no es prioritaria y que es mejor liberar esos recursos para extender el metro hacia Engativá y Suba. Como habitante de Suba, aplaudiría que se hiciera el metro en lugar de la Séptima. Pero mis aplausos deberían ser irrelevantes y Claudia no debería alegrarse de que una obra que una alcaldía propone y saca adelante, la puedan parar algunos ciudadanos. ¿Qué dirá cuando, a punto de firmar la segunda línea de metro y a pocos días de terminar su futura alcaldía, algunos opositores políticos, con la anuencia de un juez, paralicen su metro hasta Suba? ¡Suerte gobernando una ciudad de siete millones de habitantes, todos con el poder de vetar las obras!

@mahofste

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2019-05-10T22:29:25-05:00

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2019-05-12T08:31:08-05:00

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