Por: David Yanovich

Derechos al revés

En una leída muy rápida de la Constitución de Colombia se cuentan al menos 29 derechos, incluyendo el de la protesta, que por supuesto es fundamental. Pero ¿en qué momento un derecho que ejerce una minoría se volvió tan prioritario, por encima de otros que afectan a la gran mayoría de los colombianos? Especialmente cuando se está pidiendo de todo, lo que resulta en que no se puede gestionar nada. Las declaraciones que se han publicado día y noche de marchantes y protestantes parecen totalmente desconectadas con el franco progreso en materia social que ha tenido Colombia durante los últimos 20 años. Hay mucho temor de que detrás del paro haya fuerzas altamente organizadas y financiadas que lo que quieren lograr es crear caos y desestabilizar, con el fin último de quedarse es ellos con el poder.

El paro convocó a 253.000 personas. El derecho a la salud (artículo 49 de la Constitución) afecta a 47´88.056 afiliados al sistema en Colombia. El derecho a la educación (artículo 27 y 67) afecta a 12´300.000 estudiantes --2´400.000 de los cuales están inscritos en instituciones de educación superior-- y más de 444.000 docentes. El derecho al trabajo (artículo 25 y 26) afecta, a lo menos, a 24´796.147 personas que hacen parte de la población económicamente activa. Y ni hablar de los otros más de 20 derechos que nos afectan a todos los colombianos: el de la vida (artículo 11), el de la paz (artículo 22), el de circular libremente por el territorio nacional (artículo 24), ambiente sano (artículo 79), entre muchos otros.

Lo irónico de todo esto es que esas 253.000 personas que marcharon están es afectando directamente todos esos derechos que buscan defender. Es imposible llegar al trabajo, a citas médicas, al colegio o universidad sin transporte, sin poder circular. Millones de colombianos dependen del diario para llevar comida a la casa, y su actividad se ha visto drásticamente disminuida por las manifestaciones, particularmente en Bogotá. La ciudadanía que no protesta siente su derecho a la paz y a la vida vulnerados, cuando no pueden salir de su casa por miedo, o cuando hay vándalos aprovechándose de la situación para saquear y robar. 

El derecho de la protesta hay que defenderlo a capa y espada. Pero ese derecho no se puede poner por encima de los otros tantos que afectan a la sociedad en su diario vivir. Las manifestaciones del domingo en Bogotá, por ejemplo, son una buena muestra de cómo se puede pronunciar la ciudadanía sin afectar el día a día de todo el resto que decidimos no hacerlo. Concentraciones en parques y plazas, sin invadir la vía pública, respetando los otros tantos derechos de quienes quieren seguir con su cotidianidad.

A pesar de los desadaptados vándalos que hacen que se desdibuje todo el propósito de las marchas, muchas de las peticiones y reclamos de las marchas son legítimas y deben ser atendidas por el Gobierno y, en general, por todo el aparato estatal. La gran mayoría tienen décadas sin resolverse. Por eso la solución no tiene que ver solamente con quien se sienta en la Presidencia. Esto tiene que ver con el Congreso, con las Cortes, con las Alcaldías, las Gobernaciones, con toda la institucionalidad. La discusión tiene que ser amplia, e involucrar a toda la sociedad. Pareciera ser que el diálogo nacional convocado por el presidente Duque va en esta vía. Ojalá así sea.

Hay que hacerlo dentro de las vías institucionales. Mantener a una ciudadanía entera paralizada, en zozobra permanente, sin poder desplazarse, con miedo, es inaceptable. Esa ciudadanía que hace parte de las 48´005.494 personas que preferimos no marchar e ir a estudiar y trabajar.

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2019-11-25T12:47:10-05:00

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