Por: Columnista invitado

Derechos de pesca en zona económica exclusiva

A raíz de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 19 de noviembre de 2012, para Colombia los derechos de pesca en zona económica exclusiva se volvieron un tema fundamental.

Como consecuencia de lo anterior cobra una gran relevancia la solicitud de opinión consultiva que el pasado 28 de marzo le fue hecha al Tribunal del Mar por parte de la Comisión Subregional de Pesca, integrada por Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, Mauritania, Senegal y Sierra Leona. Las preguntas hechas por la Comisión, de alto interés para Colombia, son las siguientes:

1- ¿Cuáles son las obligaciones del Estado del pabellón en caso de pesca ilícita, no declarada, no reglamentada (INN) ejercida al interior de la zona económica exclusiva de un tercer Estado?

2- ¿En qué medida puede el Estado del pabellón ser tenido por responsable de la pesca INN realizada por navíos que enarbolan su pabellón?

3- ¿Una organización internacional que detenga licencias de pesca puede ser considerada responsable de violaciones a la legislación en materia pesquera del Estado ribereño por los buques de pesca que se beneficien de dichas licencias?

4- ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del Estado ribereño para asegurar la administración durable de las reservas compartidas, así como de las reservas de interés común, especialmente aquellos de los atunes y de los peces pelágicos pequeños?

Como se puede observar, por el contenido y alcance de los temas planteados por la Comisión al Tribunal del Mar, reitero, las preguntas son de especial importancia para el país en la actualidad. En este sentido, Colombia debería intervenir sentando una posición jurídica en este proceso de solicitud de opinión consultiva. Sin embargo, esto no es fácil en la medida en que para poder presentarse en desarrollo del mencionado procedimiento se requiere haber ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, más conocido como la Convención de Montego Bay o, simplemente, la Convemar.

Durante muchos años se sostuvo que era un tema de Estado no ratificar dicho tratado, esto en la medida en que se consideraba que algunas de sus normas eran contrarias a nuestros intereses en el caso sobre la delimitación en el mar Caribe que nos enfrentó durante 11 años con Nicaragua. Al final la Corte nos aplicó dichas normas por tratarse de normas consuetudinarias, es decir, que son fuente del Derecho Internacional de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la CIJ.

De acuerdo con lo anterior, es claro que no haber ratificado la Convemar no nos sirvió de mucho; mientras que no nos pudimos beneficiar de las cosas positivas que este tratado consagra, por ejemplo tener un juez en un tribunal internacional, poder reivindicar nuestros derechos sobre plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental; o, como en este momento, poder intervenir ante dicho tribunal para sentar una posición jurídica de Estado relativa a los alcances de la pesca en la zona económica exclusiva, tema que en este momento se nos convirtió de vital interés desde que la CIJ determinó la nueva frontera marítima con Nicaragua en el mar Caribe.

Creo que una vez más se están perdiendo espacios en los que Colombia debería estar interviniendo para hacer presencia y sentar su posición en los diferentes escenarios del Derecho Internacional.

 

* Ricardo Abello Galvis

Buscar columnista

Últimas Columnas de Columnista invitado

Cómo salvar a Venezuela

Matar a la madre

Elogio al tendero

Los indeseables de Europa