Por: Rodolfo Arango

Derechos y corporaciones

Jorge Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional, quien ha debido renunciar hace tiempo si conociera algo de dignidad personal y de la majestad en la justicia, no es un caso aislado sino parte de un fenómeno mayor: la corrupta tendencia a combinar intereses particulares con el ejercicio de las funciones públicas.

Las recientes denuncias de Viviana Viera en Las 2 Orillas, que involucran al promotor del TLC de Colombia con la Unión Europea, muestran hasta dónde ha llegado el relajamiento gubernamental de las fronteras que deben separar lo público de lo privado (Lea el artículo). Tantos tienen rabo de paja que pocos se atreven a denunciar los desmanes.

El uso de los derechos humanos y fundamentales para defender intereses de lucro, por vía constitucional y no por los canales del contrato y de la jurisdicción civil, preocupa incluso a internacionalistas, filósofos del derecho y científicos sociales a nivel mundial. Recientemente la filósofa Cristina Lafont describía la forma como grandes corporaciones vienen apropiándose del discurso de los derechos humanos para neutralizar incluso decisiones democráticas contrarias a los intereses corporativos. Para saciar sus ansias de lucro, los grandes consorcios acuden a abogados y jueces dispuestos a hacer pasar la defensa de intereses económicos por un caso violatorio de los más caros valores de la humanidad. Esto cuando no han impuesto ya la solución de sus conflictos por vía de tribunales de arbitramento, con lo que incluso la soberanía del Estado se encuentra amenazada por la lógica de la ganancia económica. Los efectos son un retroceso al Estado feudal, donde grandes poderes privados gobiernan el mundo y los ciudadanos terminan súbditos de poderes omnipresentes y supremos.

Las demandas de multinacionales contra estados que han cambiado su legislación para proteger intereses nacionales son pan de todos los días. De hecho se cocina actualmente, con sigilo y en privado, un acuerdo entre Estados Unidos y Europa para blindar las inversiones ante posibles decisiones políticas de los países; la democracia cae rendida a los pies del poder corporativo global. Los contratos de estabilidad jurídica a la inversión no son más que la muestra de una dictadura económica sobre la autodeterminación democrática de los pueblos. Presenciamos así una fase extrema del capitalismo transnacional: las corporaciones usan su poder económico y sus contactos políticos para blindar sus intereses, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Los derechos humanos quedan desacreditados por el abuso corporativo (caso Philip Morris contra Canadá o Uruguay) y los derechos fundamentales cooptados por los intereses de lucro (Fidupetrol, entre otros).

Esta incontenible realidad puede ser enfrentada de dos formas: excluyendo a las corporaciones de la titularidad de derechos humanos y fundamentales, lo cual llevaría a afectar injustamente a las asociaciones civiles y movimientos sociales que también invocan derechos, o reconociendo que las corporaciones, además de titulares de derechos, también son portadoras de obligaciones y pueden, en consecuencia, ser condenadas por la violación de derechos de otros. Esto significa que los ciudadanos deben estar en capacidad de demandar a las corporaciones por la violación de los derechos humanos y fundamentales. El Mercosur ha avanzado en dicha dirección. Los negocios deben someterse a parámetros internacionales que buscan respeto, protección, garantía y promoción de los más altos valores de la humanidad. Está en nuestras manos, y mentes, decidir qué tipo de relación queremos que exista entre los derechos y las corporaciones.

 

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