Por: Daniel Mera Villamizar

Derechos y pensamiento colombiano

El debate por el principio de la sostenibilidad fiscal mostró claramente que, en dos décadas, el nuevo constitucionalismo de los derechos logró ser dominante en el pensamiento político colombiano.

Si antes la “defensa de las instituciones” y “la búsqueda de la paz” servían a los dos lados del espectro para articular y legitimar sus discursos, hoy la “garantía de los derechos”, como consigna general, congrega a la mayoría de las voces. Se trata de un cambio positivo y profundo que, sin embargo, debe ser complementado o equilibrado.

Es positivo porque ahora compartimos ampliamente un ideal de sociedad, una medida ética que se traduce en derechos de las personas. Si tuvimos, como parece, una fuerte corriente no declarada de “ética de la desigualdad”, la hemos venido abandonando desde el 91. La cuestión compleja es cómo vamos a alcanzar ese ideal de sociedad de derechos. En 2011 la respuesta preponderante es “mediante la justicia constitucional” (la justiciabilidad). La sostenibilidad fiscal fue combatida porque implicaba restricciones a la garantía judicial de los derechos sociales y económicos (DESC).

El argumento de los recursos escasos como factor de satisfacción del Estado Social de Derecho en un país en desarrollo es contestado señalando la desigualdad material existente y las gabelas a los ricos, desde la perspectiva de una “promesa redistributiva” de la Constitución de 1991. “No es escasez, sino mala repartición”, coinciden el ciudadano de la calle y connotados juristas. Y esta es la nuez del asunto. Ante la enorme desigualdad de activos y de ingresos, el juez constitucional presiona colegislando y ordenando políticas públicas en beneficio de grupos desfavorecidos, cuyo cumplimiento, obviamente, se ve muy limitado por diversas razones, comenzando por las fiscales.

Ni la Corte puede declarar como “estado de cosas inconstitucional” la desigualdad ni el sistema político se ha propuesto una drástica redistribución, vía tributación y otras reformas. El nuevo pensamiento colombiano quiere una sociedad de derechos y cree en la tutela como instrumento y en la Corte Constitucional como poder, y pare de contar, así la evidencia indique que no bastarán –ni de lejos– para asegurar una vida digna a (casi) todos. Estamos, entonces, en una especie de punto muerto. No vamos a retroceder en términos de derechos, pero con el actual pensamiento no vamos a progresar a la velocidad necesaria.

Una fórmula posible es tomar el consenso ético igualitario de los derechos para popularizar una mentalidad de crecimiento económico con equidad social. No el derrame de migajas, sino una redistribución progresiva de la riqueza creada y parte de la anterior, con la única restricción de la competitividad del país. Ahora mismo hay bastantes obstáculos, diversos, que no corresponden a la Corte superar ni aun si pudiera. Por fortuna, existe más de una forma de “adaptar la política económica a los compromisos constitucionales” y es fácil que la gente asuma que a la garantía de los derechos le viene bien una torta más grande con un mejor reparto.

 

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