Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Desacelerar la extracción de minerales

Para el gobierno anterior fue prioritario atraer la inversión extranjera.

Para ello se definió un marco tributario que la exoneraba del pago de impuestos, se conservó o acentuó un régimen de pago de regalías con niveles inferiores al promedio latinoamericano y se pretendió abolir o disminuir la aplicación de la legislación ambiental para facilitar y hacer más efectiva la inversión extranjera en el corto plazo. El resultado de todas estas medidas, combinado con una estrategia de guerra interna que significó una disminución en el nivel de riesgo para los inversionistas, hizo de Colombia un país muy atractivo para la inversión extranjera, especialmente en el sector minero. Hoy tenemos una actividad minera que nos desborda y es urgente definir si es necesario moderarla y desacelerarla.

Dado el crecimiento acelerado de las regalías, como lo mencionó el subdirector del DNP en el XV Congreso Nacional de Planeación Participativa (realizado la semana pasada), el problema para los años venideros no es “la platica”, sino la capacidad de las regiones para invertirla. También señaló que es necesario elaborar buenos proyectos de inversión y no sólo hacer buenas propuestas. La verdad es que hoy no hay indicios de que las regalías se hayan invertido adecuadamente en las regiones; tampoco hay indicadores de que el país esté andando por el camino del desarrollo sostenible. Hasta el momento, no parece muy claro que el Gobierno esté en condiciones de maximizar la transformación de nuestro capital natural no renovable en inversión hacia formas de desarrollo económico y social con sostenibilidad ambiental. Las regalías crecen aceleradamente porque estamos agotando al mismo ritmo nuestro capital natural, es decir, los recursos naturales no renovables.

En resumidas cuentas, estamos malgastando nuestra herencia natural. Los recursos mineros son como una gran herencia de la naturaleza y, como cualquier herencia, pueden usarse de múltiples formas. Colombia no parece haber alcanzado la mayoría de edad para darle un buen uso a su herencia. La descentralización actual significa que el 70% de los recursos públicos se administran por los gobiernos y entidades regionales y locales, y su capacidad institucional deja mucho que desear. Adicionalmente, las entidades nacionales en los sectores minero y ambiental no tienen la capacidad para supervisar los actuales niveles de actividad minera. En términos de beneficios económicos, lo que el Estado percibe por entregar los recursos no renovables es inferior a lo que reciben otros países en América Latina, pues los impuestos, regalías y demás compensaciones cuentan con importantes exenciones que no existen en otros países de la región.

Todo parece indicar que llegó el momento de dejar de malgastar nuestra herencia natural. Es necesario ajustar los actuales procesos de extracción para asegurar el mínimo impacto ambiental y social y maximizar su beneficio económico para el país. Debemos planificar adecuadamente el buen uso de los recursos provenientes de la minería tanto desde el gobierno central, como regional y local. En todos los casos requerimos mejores instituciones para manejar adecuadamente el boom minero. Antes de incrementar el nivel de actividad minera, debemos desacelerar el proceso de extracción de minerales y manejar y aprovechar mejor los procesos asociados a los niveles actuales de extracción y a los altos precios de mercado. Esto es lo más prudente si queremos hacer una minería responsable en el país.

 

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