Rabo de ají

Desafuero policial

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Al comienzo fueron las drogas, una disculpa perfecta para las requisas y los abusos a discreción. No hace falta el olfato de los perros entrenados, basta un simple vistazo, el prejuicio como señal, la intuición fundada en el desprecio. Una cartilla de la policía sobre prevención e identificación del “consumo de sustancias psicoactivas” tiene como factores de riesgo de las adicciones la “baja o nula religiosidad” y la “enajenación y rebeldía”.

Llevamos más de 25 años del fallo que despenalizó el porte y consumo de la dosis mínima, pero la sentencia en la calle sigue siendo otra. Según un reciente estudio de Dejusticia cada año se capturan en el país un promedio 80.000 personas por delitos relacionados con drogas, un poco más de 220 capturas diarias. Menos del 25 % terminan en condenas, en su mayoría de jíbaros de esquina. El 80 % son jóvenes y más de la mitad no tienen siquiera educación secundaria. Ahora piense en el número de procedimientos diarios en los que agentes de policía golpean, extorsionan, maltratan o detienen de manera ilícita a quienes portan dosis mínimas. Procedimientos abreviados, por decir algo. Hace unos meses el Gobierno exhibía orgulloso la incautación de 250.000 dosis de diferentes alucinógenos: imposible no pensar cuánto garrote hay detrás de semejante éxito. El lugar común dice que la prohibición quiere proteger a los jóvenes de las drogas, pero en realidad los expone al riesgo del bolillo y el “escarmiento preventivo” en un CAI.

Luego vino el Código de Policía y sus nuevas herramientas para la convivencia ciudadana. Fue el momento para la “protección” del espacio público y la criminalización del consumo de alcohol. La cerveza en el parque como droga blanda. La gente en la calle se volvió sospechosa: “nada bueno puede estar haciendo a esas horas por ahí”, dice el fascismo casero. El Código de Policía castiga “deambular en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas”. Confieso que merezco comparendo o “traslado por protección” día de por medio. Durante el primer día de vigencia del Código, los policías impusieron más 820.000 comparendos y medidas correctivas. Consumo de alcohol en espacio público y porte de sustancias prohibidas suman un gran porcentaje de las “reprimendas”.

La pandemia llegó para reforzar el poder de facto de los uniformados. El Gobierno alentando cercos epidemiológicos con motorizados, los alcaldes dedicados a alentar un microfascismo para “salvar vidas” y un buen número de ciudadanos con ánimos de condenar un acto sencillo, salir a la calle. Basta que aparezca una ley pronta al castigo y millones se sumarán al tribunal. En Bogotá, un día después del inicio de la cuarentena ya había personal médico golpeado cuando iba al trabajo, una semana después una mujer abusada sexualmente por sacar a su perro y tres semanas después un joven de 23 años con dos disparos por defender a su hermana embarazada que recibió descargas de una pistola eléctrica.

La impunidad garantiza que el abuso sea la norma. Este año diez policías han sido destituidos, 38 suspendidos, 34 recibieron una multa y nueve una amonestación. Las 1.474 investigaciones internas por abuso policial son más papel para reciclaje que otra cosa. En los últimos 15 años la Procuraduría sancionó a 36 policías. Y cuando hay una condena, como en el caso del homicidio de Diego Felipe Becerra hace nueve años, el culpable termina prófugo y se demuestra la participación de dos generales, seis coroneles, cuatro tenientes, 12 agentes y seis civiles para montar una escena y encubrir el crimen. Así es imposible que no salte la piedra.

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