Por: Uriel Ortiz Soto

Desalojos de vivienda, bomba de tiempo

El gobierno debe solucionar de una vez por todas el viacrucis que están padeciendo miles y miles de familias en las diferentes ciudades del país, que un día atraídos por los espejismos de los UPAC, y luego por la UVR, cayeron en las redes de entidades constructoras amangualadas con las financieras, que, tras ofrecerles atractivos programas para adquirir vivienda digna, comprometieron los ahorros de todo el núcleo familiar, se endeudaron en bancos, corporaciones y cooperativas, empeñaron todos los haberes domésticos, para recaudar la cuota inicial, bajo el sueño de no tener que continuar pagando un canon de arriendo mensual, y empezar a amortiguar con una cuota mensual los excedentes financiados a quince o más años.

Lamentablemente del viacrucis de salvar vivienda con créditos en UPAC y UVR, son pocos los deudores que la salvan. Los primeros diez años las cuotas no hacen abonos a capital, simplemente se paga el valor UPAC, más los intereses usureros a favor de constructores y entidades financieras.

Mes tras mes, las cuotas suben y en esa misma proporción la deuda se va haciendo impagable; viene como consecuencia lógica la asfixia económica para el deudor y las posibilidades de librar la vivienda se van esfumando todos los días, puesto, que, con el atraso de tres cuotas, se entra a ser deudor moroso, se inicia el proceso pre – jurídico, y posteriormente el ejecutivo para el remate del bien inmueble, sin importar las cuotas canceladas. Si algo queda, los saldos se los llevan los honorarios de los abogados, intereses moratorios, convencionales y todas las arandelas del proceso; esto cuando el proceso es limpio; si es deshonesto, el deudor a mas de tener que entregar su vivienda, queda atado a otros procesos civiles derivados del primero y la mayoría de las veces reportado en las centrales de riesgo como persona nada recomendable para el sector financiero. 

Varias familias que se encuentran embargadas y a punto de perder sus viviendas se han constituido en ONG, con el fin de buscar solución a tan delicada situación; han instaurado demandas y todo tipo de acciones ante las Altas Cortes, sin que hasta la fecha se hayan pronunciado en forma definitiva. Los fallos no han sido más que contentillo y paños de agua tibia.  Cada día que pasa el problema va tomando ribetes tan dramáticos, que, de acuerdo a como están las cosas, no es nada difícil que estalle una revuelta de graves proporciones promovida por quienes después de haber pagado más del 50% de las cuotas pactadas en UPAC o UVR, se ven despojados del sueño justo de tener un vivienda digna. Hemos visto cómo los desalojos ordenados por jueces de la República, se están convirtiendo en un problema, más que de orden social, también de orden público.

Son varios los enfrentamientos de los desalojados con la Fuerza Pública y se seguirá presentando y agravando más el problema mientras persista la injustica social con los deudores de vivienda. Por informes de algunas asociaciones de usuarios, existen casi medio millón de órdenes de desalojo pendientes de practicar, casi un millón de procesos se adelantan en los diferentes juzgados del País y en un 60% de los deudores se encuentra en mora.  

Se calcula que en solo Bogotá, se están expidiendo y practicando diariamente entre ochenta y cien órdenes de desalojo; guardadas proporciones, ¿cuántas, se estarán expidiendo diariamente en el País?  Pero, viene la pregunta del millón: ¿qué tan legales son estas órdenes de desalojo? ¿Por qué la Procuraduría y la fiscalía no se toman la molestia de revisar cada una de estas órdenes judiciales, con el objeto de verificar si realmente cumplen con todos los requisitos legales? Se rumora que sobre estos remates y desalojos existe todo un cartel integrado por: constructores, entidades financieras, jueces, abogados y auxiliares de la justicia que se alimentan de promover falsos procesos que finalmente llegan a diligencias judiciales con los resultados dramáticos ya conocidos por la opinión pública.

El Gobierno está en mora de expedir cuanto antes un estatuto de vivienda lo suficientemente claro. Se requiere dictar normas precisas que ponga fin a los mercaderes de la desgracia de miles y miles de familias; diariamente estos sujetos pululan por los juzgados en busca de remates de vivienda con el fin de montar todas las artimañas posibles y poderse hacer a ellas al menor costo. No olvidemos que por mandato constitucional toda familia tiene derecho a una vivienda digna. La vivienda forma parte del primer coeficiente social de desarrollo de una familia.

De pronto la revolución en Colombia, no la haga la guerrilla, ni el paramilitarismo, ni los desplazados. Como van las cosas y de acuerdo a las energías negativas que con los desalojos se van acumulando en la opinión pública, más el resentimiento social acumulado; se está abriendo a pasos agigantados el camino para la revolución por el derecho a una vivienda digna, justa y equitativa.  

Comunidad Desarrollo y Gestión

urielos@cable.net.co

 

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