Desastre ecológico y ley de baldíos

Por: Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno Universidad de los Andes.

Quienes saben de tierras conectan el desastre ecológico al sur del país, el fin del conflicto armado con las FARC y la ausencia de un régimen realista de baldíos. Cuando la selva ya no sirve para ocultar tropa, adquiere un valor económico, y el ecologismo militar da paso al desarrollo salvaje. Alguien dirá “Son tierras públicas”. Sí, ¿y qué? Quien ocupa tierras tumba selva, mete su ganado, es amigo de las administraciones locales, o administrador local, luego espera una o dos décadas para encontrar alguna conexión nacional que cambie la ley. Si la ley no cambia, igual se sigue explotando. De otro lado, para el colono si no hay empleo, se abre la selva, luego se vende, luego se sigue.

“¡Hay que parar el desastre!”, decimos desesperados en la ciudad, y con toda ingenuidad nos imaginamos al Ejército haciendo el trabajo a la fuerza para evitar la deforestación. Ahí está reflejada la pereza mental de las zonas urbanas para imaginar la dinámica del campo. Hagamos cuentas de tendero: ¿cuántos efectivos necesitamos por hectárea? ¿Como ocupante cuánto tiempo espero para que haya otras prioridades de seguridad que obliguen el repliegue? ¿Cuántos miles de kilómetros de selva son?

“Empecemos por hacer un buen catastro, ¿no?” Gran idea. El problema es que en las zonas donde es más urgente medir y saber quién tiene qué, la gente sabe que esa tierra son baldíos; también sabe que tiene más de lo que podría reclamar según la ley. Cuando los burócratas dicen que los han amenazado con un conflicto civil si se meten a hacer las cosas a las malas, no están inventando. Por eso el catastro no es solo cuestión de poner las cifras al día, es sobre todo un proceso social que requiere un pacto político que incluya el apoyo de los ocupantes. Gran lío; me temo que es por eso por lo que ha sido tan difícil empezar el catastro en todas las zonas estratégicas de desarrollo agroindustrial.

“Pero es que los baldíos son de los campesinos, así lo dice la Corte”. Esto es cierto, y por eso ningún intento de meter artículos para legalizar baldíos pasa si no se demuestra que dichos cambios benefician a los trabajadores agrarios. No es que no se pueda hacer nada, es que no se puede hacer nada robando. Ahí está la principal garantía para que cualquier cambio en la ley tenga en cuenta a esta población de la cual depende la alimentación en las ciudades. Dura es la ley, cierto. El problema es que más dura es la realidad pues si bien es cierto que ocupando ilegalmente no llega la inversión a gran escala que se necesita para desarrollar la agroindustria, tampoco llega la tierra prometida en el fondo de tierras a los más pobres del campo.

“Ahí está pintado el país, es una tragedia colombiana”. Eh, no. Realmente este es un problema que han enfrentado los estados en todo el mundo. Obvio, en Europa dejaron acabar con los bosques en su etapa de industrialización. Estados Unidos también apostó un par de veces a usar el ejército para sacar ocupantes de tierras públicas. Spoiler: fue un fracaso total. En Brasil, las cosas no han sido más fáciles, ni menos violentas. Este no es un problema de corrupción (¿para qué nos sirven las teorías de la decisión racional si todo termina en moralismo?). Este es un problema político que demanda un esfuerzo para todas las partes. 

“¿Cómo?”. Se necesita un pacto, palabra fácil. El último, y crítico, fue entre enemigos a muerte que se hicieron cosas innombrables. Liberales y conservadores se perdonaron mutuamente y procedieron a legalizar la región Andina (las cifras aburren, las pueden encontrar en las notas*). Hoy legalizar a la brava y sin consensos amplios no es posible, para eso esta la Constitución de 1991 garantizando que los campesinos sí hagan parte de la ecuación esta vez. 

Una posible solución pasa por darles ventajas a los ocupantes en zonas de abandono histórico con ventas a tasas altamente subsidiadas hasta unos topes de tierra —cuatro UAF (Unidades Agrícolas Familiares), por ejemplo— y exigiendo la devolución de tierras por encima de los topes. Una ley de estas solo aplicaría a zonas como el Guaviare o el Caquetá, el resto del país sigue con el régimen actual. Con las tierras devueltas y los dineros recaudados se alimenta el fondo de tierras. Con este acuerdo se promueven las capas medias de productores y entre todos los sectores se apuesta por la llegada seria del estado: catastro actualizado, inversión, impuesto predial, vías, planes de ordenamiento territorial serios, cierre de la frontera agraria y, en general, administraciones municipales más robustas que no le apuesten o aplaudan el fraude con las tierras.

* Arteaga, J., Osorio, C. C., Cuéllar, D., Ibáñez, A. M., Botero, R. L., Murcia, M., ... & Rey, D. I. (2017). Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de la Habana: Estimaciones y propuestas alternativas (No. 015630). Universidad de los Andes-CEDE.

** Transferencia de propiedad y formalización de ocupaciones sobre terrenos baldíos: experiencias comparadas y articulado propuesto para su implementación.