Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de buhardilla

Desastre nacional

Otro craso error de este Gobierno es el anuncio en Pasto de convocar un pacto por la justicia, en virtud del cual Santos aceptó que los presidentes de las Cortes, “incluido el de la Constitucional, a título individual, como magistrado, participarán del proceso de preparación e impulso de la aludida reforma, con el objeto de que ella se ajuste a una perspectiva constitucional a la luz de los recientes fallos de control abstracto de constitucionalidad sobre la materia, así como para asegurar que la misma recoja la experiencia de las Cortes”.

Con razón tituló El Tiempo que “esta vez, las cortes liderarán el proyecto para reformar la justicia”. ¿Esta vez? No, todas las veces el Gobierno ha incurrido en la torpeza de entregar las reformas a la justicia a las altas cortes, y los resultados están a la vista. Los últimos intentos de reforma terminaron en que los magistrados llegaron a reclamar que les subieran la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años y que aumentaran sus períodos de ocho a 12 años. Las Cortes no han entendido ni entenderán que el drama de la justicia no está en esas pequeñeces, sino en la impresionante corrupción que las azota, y en vez de preocuparse por eso, se les ocurre pedir más poderes, todo en nombre de la autonomía e independencia de la rama judicial, que ellos mismos han feriado.

Solamente al Gobierno se le puede ocurrir delegar la responsabilidad de liderar la reforma a la justicia a las altas cortes, precisamente a quienes han contribuido a este estado de cosas deplorable. El diablo haciendo hostias. Por ese camino tan equivocado no habrá quien se atreva a proponer que se regule, por ejemplo, que los magistrados no se la pasen viajando por todo el país recibiendo honores en provincia, al estilo de Ricaurte, Ruth Marina Díaz, Camilo Tarquino, Pedro Munar, Leonidas Bustos, etc.; que no se les permita tener como auxiliares en su mismo despacho a dos hermanos; que les quede prohibido recibir regalos no solo de quienes litigan en su despacho y de sus subalternos, sino de nadie; que no utilicen sus poderes para nombrar a dedo en los despachos judiciales a sus amigos y parientes o los de su esposa o compañera permanente; y que respondan patrimonialmente por los daños que causen. Las altas cortes saben que estas cosas pasan todos los días, pero como el sistema está corrompido, nadie quiere denunciar esas prácticas que deterioran la confianza pública en quienes administran justicia.

En el malhadado comunicado se anuncia que la reforma deberá ajustarse “a una perspectiva constitucional a la luz de los recientes fallos de control abstracto de constitucionalidad sobre la materia, así como para asegurar que la misma recoja la experiencia de las Cortes”, para lo cual el presidente de la Constitucional colaborará a título personal. Es decir, el doctor Luis Guillermo Guerrero, el mismo que fue ponente de la sentencia que revivió la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, ahora individualmente impulsará y se asegurará de que la justicia del futuro interprete sus fallos de constitucionalidad y recoja la “ejemplar” experiencia de las Cortes.

Como van las cosas, es mejor que el Gobierno Santos “deje así” para que el presidente que venga —que ojalá no sea nadie de Uribe ni aliado con él— asuma con responsabilidad y carácter frente a las Cortes el compromiso de sacarlas del lodazal en el que ellas mismas se metieron. O preparémonos para otra reforma hecha a la medida de los intereses de las altas cortes y no de la ciudadanía ni de la justicia.

Adenda. Casi nada le funciona a este Gobierno. El último en lucirse fue el ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien en contra de los anuncios del ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, y en alianza con los ambientalistas extremos, decidió dilatar entre tres y cinco años la implementación de la tecnología del fracking en Colombia, indispensable para aumentar las reservas de hidrocarburos, por lo que —en opinión de los expertos— en cinco años seguramente el país tenga que enfrentar los costos de la importación de gasolina. Ya veremos si esos ambientalistas dan la cara cuando afrontemos esa dura realidad.

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