Por: César Rodríguez Garavito

Desastres antinaturales

En medio de una emergencia, como la de Hidroituango, puede ser odioso recordar que estaba anunciada. Pero hay que hacerlo, porque lo contrario es resignarse a que sigamos pasando de un “desastre natural” a otro: de la inundación de Salgar en 2015 (pronosticada en el mismo POT del municipio) a la avalancha anunciada de Mocoa (2017) y ahora el riesgo de avalancha en Hidroituango, sobre el que las comunidades locales y el movimiento Ríos Vivos habían advertido desde 2010.

Tres cosas tienen en común estos y otros desastres. Primero, no son “naturales”: no son apenas el resultado de la fuerza insuperable de la naturaleza, sino de la negligencia superable de quienes conocían la evidencia del riesgo y no la tomaron en serio. Lo segundo es la improvisación, la tendencia a tomar medidas a medias para conjurar los peligros y salir después a decir que era lo mejor que se podía hacer, como hacen hoy los responsables de Hidroituango. Es la chambonería inveterada de la que escribió mi vecino de página Francisco Gutiérrez en una certera columna.

Quiero detenerme en el tercer rasgo común de las acciones u omisiones que llevan a desastres antinaturales: ignorar las advertencias de la población local y la sociedad civil, sobre lo que he escrito en otras ocasiones al defender las consultas populares y las consultas previas, y que Francisco también analiza en su columna. Las posiciones contrarias en el polarizado debate sobre las consultas suelen basarse en razones distintas. Quienes las defienden tienden a usar argumentos de legitimidad: en una democracia participativa como la prevista en la Constitución de 1991, las decisiones trascendentales de política pública, como la puesta en marcha de una represa o un proyecto minero que cambia el futuro de una región, deberían pasar por algún mecanismo que les dé voz a los ciudadanos, especialmente a las comunidades afectadas.

Del otro lado, los críticos de las audiencias públicas y las consultas se fundan principalmente en razones de eficiencia. Resulta más expedito y costoeficiente, según esta mirada, dejarles la decisión a los técnicos, en lugar de desperdiciar tiempo y recursos en escuchar a los ciudadanos y las organizaciones.

La emergencia anunciada de Hidroituango muestra que lo ineficiente y costoso puede ser ignorar la voz de los lugareños y la sociedad civil. En otras palabras, que hay también razones de eficiencia a favor de la participación. Hay toda una línea contemporánea de pensamiento social y políticas públicas (el experimentalismo, basado en teorías sociales pragmatistas) que muestra que los problemas complejos —desde reformar un sistema de salud hasta construir una represa— no tienen soluciones únicas y se toman en medio de incertidumbre sobre sus efectos. Y que el conocimiento de afectados por las decisiones —los pacientes del sistema de salud, las comunidades que saben la historia de un territorio— es un insumo valioso para mitigar la incertidumbre y los riesgos.

Las consultas, las audiencias y el conocimiento local no siempre aciertan, ni son la solución a todos los problemas. Pero ignorarlos puede tener costos trágicos, como los que están saliendo a la luz en la lamentable situación de Hidroituango.

* Director de Dejusticia.

@CesaRodriGaravi

 

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