La importancia de los archivos para construir la verdad del conflicto armado

hace 2 horas
Por: Gustavo Gallón

¿Descortesía o desinterés?

En grave interinidad ha puesto la Cancillería a la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Su nuevo representante, el señor Alberto Brunori, ha recibido del Gobierno una acreditación provisional, por unos cuantos meses. Es un plazo inferior al acordado para la presencia de la Oficina en el país, que en su última prórroga fue extendido hasta octubre de 2019.

La Cancillería ha pretendido presentar el problema como un contratiempo administrativo. Según un comunicado publicado en su página web, el alto comisionado habría debido solicitar al Gobierno el beneplácito para su nuevo representante, por ser esa “la práctica [que] se ha mantenido (…) desde que la Oficina llegó a Colombia en 1997”. En consecuencia, se le informó al alto comisionado que “se tomó nota de la designación para un período de transición del señor Brunori, período al cabo del cual se esperaba la solicitud formal de beneplácito”. Pero esa expectativa no se le transmitió al alto comisionado, ni al señor Brunori.

Por el contrario, ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra el 21 de marzo, el Gobierno colombiano no se limitó a “tomar nota”, sino que expresó jubiloso que “celebramos la designación del señor Alberto Brunori y reiteramos la voluntad para mantener con la Oficina del alto comisionado una interlocución permanente, franca y constructiva en beneficio de toda la población”. Esa interlocución, sin embargo, no fue muy fluida en los días anteriores, al punto que la Oficina quedó acéfala, sin acreditación, y no pudo presentar su informe anual en Bogotá. Prevista inicialmente para el miércoles 14 de marzo, la presentación fue aplazada para el viernes 16, y luego cancelada en vista del silencio sobre la acreditación.

Más de 400 personas y organizaciones dirigieron una carta al presidente de la República el 20 de marzo expresando su preocupación por lo que estaba sucediendo. Así, a continuación de la presentación en Ginebra del informe anual sobre Colombia por la Oficina del alto comisionado, se anunció públicamente la bienvenida a su nuevo representante. El incidente parecía resuelto, y así lo entendió el señor Brunori, quien fue recibido por el Gobierno en Bogotá. Pero pocos días después se le hizo saber que su acreditación era válida hasta agosto de 2018; luego se le dijo que hasta diciembre.

Si solicitar el beneplácito ha sido “la práctica” en el pasado, eso no la convierte forzosamente en requisito para la acreditación. Pero aun admitiendo en gracia de discusión que esa práctica pudiera invocarse como costumbre internacional, el Gobierno habría debido manifestárselo claramente al alto comisionado, en vez de actuar con rodeos. Demorar la acreditación primero, anunciarla públicamente después, indicar que tendría vigencia hasta agosto y ampliarla más tarde hasta diciembre no es propiamente el trato que se merece la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Es contrario a la cortesía internacional. Pero, sobre todo, es contrario al apoyo que la población colombiana necesita ahora más que nunca para fortalecerse en materia de derechos humanos, luego del Acuerdo de Paz. ¿O acaso el Gobierno piensa que ya no se necesita?

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

 

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