Por: Andreas Forer

¿Desde cuándo? y ¿Hasta cuándo?

A pesar de los avances de las decisiones de los jueces y los aportes que diferentes instituciones y organizaciones han realizado para solucionar los problemas jurídicos que durante sus seis años de vigencia, ha presentado la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, aún hay temas bastante delicados por resolver. Uno de ellos, la privación de la libertad de los desmovilizados postulados a ese proceso especial. Hace unas semanas, en un evento realizado en la ciudad de Bucaramanga se discutió sobre el punto.

Varias preguntas surgen al respecto, por ejemplo: ¿desde qué momento, la privación de la libertad del postulado cuenta para que se tenga como parte del cumplimiento de la pena alternativa?.

En el sistema penal ordinario, es con la ‘medida de aseguramiento’ que impone el juez de control de garantías, que empieza a contarse el tiempo efectivo de privación de la libertad.

Por ejemplo, si Juan comete un delito y es capturado, debe ser conducido ante un juez de control de garantías en un plazo máximo de 36 horas, para que sea éste quien decida sobre su libertad, imponiéndole o no medida de aseguramiento.

Pero, en Justicia y Paz, el procedimiento no ha resultado tan claro. Aquí se cuenta con diferentes situaciones que sólo hasta ahora se están debatiendo y son un factor más de complejidad para el proceso. En efecto, hay desmovilizados que tienen medida de aseguramiento y están privados de la libertad por cuenta de la Ley ordinaria; otros, permanecen privados de la libertad por condena proferida en la justicia ordinaria; otro tanto, se encuentran postulados pero, sin medida privativa de la libertad; otros más, cuentan con medida de aseguramiento impuesta en el proceso de Justicia y Paz. 

En relación con los dos primero eventos, los procesos ordinarios por los cuales se esté pagando pena o se haya dictado medida de aseguramiento de detención, se suspenderán una vez proferida la medida de aseguramiento en el proceso especial de Justicia y Paz.

Respecto a los dos últimos casos, la pregunta formulada no ha conseguido, por ahora, un consenso sobre su solución. Al menos, dos hipótesis han surgido: la privación de la libertad que se aplicará como descuento de la pena alternativa (de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia) se cuenta desde i) la ubicación de los desmovilizados en los establecimientos de reclusión administrados por el INPEC, esto sería, desde agosto de 2006 cuando los primeros fueron llevados a La Ceja (Antioquia); o, ii) la imposición de medida de aseguramiento en el proceso especial de Justicia y Paz. En aras de la justicia, la primera opción es la que resulta más consecuente con el proceso de paz, y con el derecho a la libertad y otras garantías judiciales de los procesados.

Otro cuestionamiento surge a propósito del tema: ¿hasta cuándo la persona privada de la libertad estaría en esa situación?

La pregunta resulta llamativa si se tiene en cuenta que en Justicia y Paz las sentencias que se están elaborando son ‘parciales’, en la medida en que no cubren la totalidad de los delitos cometidos por el condenado, de manera que pueden ser muchas las sentencias que enfrentaría un postulado, y todas con una pena privativa de la libertad.

Este es el caso, por ejemplo, de Uber Banquez, alias “Juancho Dique”, desmovilizado del Frente Canal del Dique (perteneciente al Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia), quien fue condenado en el Proceso de Justicia y Paz, a la pena alternativa máxima de ocho años de prisión.

A pesar de su condena por los hechos ocurridos en el caso de la masacre de Mampuján, el  Sr. Banquez continúa en el proceso de Justicia y Paz confesando otros delitos en los cuales tomó parte, de manera que no será ése el único hecho por el cual enfrentará una condena, sin embargo, ¿será el único por el cuál pagará efectivamente la pena de prisión?

De ser así, en el supuesto que se encuentre privado de la libertad desde 2006, en el año 2014 recobraría su libertad, aunque le quedarían cuatro años del llamado ‘periodo de libertad a prueba’, hasta 2018, y entonces, son otros los cuestionamientos que surgen, como si esta consecuencia es justa o proporcional tomando en cuenta la entidad de los delitos en los cuales participó; o, si tendría sentido continuar con nuevas actuaciones judiciales cuando la pena ya ha sido cumplida. 

Pues bien, ese parece ser el efecto de la situación descrita: la gran mayoría de postulados recobrarían su libertad sin haber llegado a la instancia final del proceso de Justicia y Paz, esto es, sin que se haya proferido sentencia completa en su contra, y por tanto, sin haber satisfecho los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 

Aún se está a tiempo de tomar medidas que impidan un desenlace poco deseable. Según las cuentas, quedaría hasta 2018 (en casos como el citado) para que el proceso arroje los mejores resultados en materia de verdad, justicia y reparación, y no se cause una nueva decepción a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

En Twitter: @andreasforer

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