Por: Alfredo Molano Bravo

Desde los Montes de María

EN EL RECIENTE FORO DE TIERRAS, Prosperidad y Paz, el Ministro de Agricultura reiteró el compromiso del Gobierno de pagar la enorme deuda moral a los campesinos despojados y desplazados de sus tierras restituyéndoles dos millones de hectáreas en cuatro años, en contraste con las 13.000 hectáreas que Uribe devolvió en ocho.

El Ministro hizo un anuncio muy significativo: se declara Zona de Reserva Campesina los Montes de María. Los Montes de María son grandes, están compuestos por una docena de municipios de dos departamentos; hay enormes ganaderías, plantaciones de palma y caña de azúcar, cultivos de tabaco y maíz. En dos de sus pueblos, Macayepo y El Salado, fueron perpetradas por paramilitares masacres escabrosas. Desde mediados de los años 60 los campesinos han sostenido una tenaz lucha por la tierra pagada con sangre y destierro. Miles de familias aguantan hambre y se rebuscan en Sincelejo, Cartagena o Barranquilla.
Con el restablecimiento del orden público llegaron “gentes de carriel y poncho”, como repitió el doctor Juan Camilo Restrepo, a comprar a precio de huevo tierras que estaban a punto de ser subastadas por los bancos. Y las compraron. Quizá con ellas aumentaron el tamaño de las fincas que habían caído en sus manos a raíz de las matanzas y amenazas. No será fácil para el nuevo gobierno cumplir su promesa, porque los poseedores o propietarios, de buena o mala fe, no soltarán así como así la tierra que han acumulado. Tendrá que llegar con todos los juguetes y, digo más, con todos los fierros.

Absalón Machado, un experto conocedor del tema, hizo en su sólida exposición una referencia que me dejó pensando. Dijo: Vivimos un momento crucial en la historia de la cuestión agraria, como fue el de los años 30. Pienso lo mismo y no sólo por el debate que se viene encima, sino por las realidades sociales que se avecinan. En aquella época —como ahora— una gran masa campesina se había visto obligada a migrar hacia las ciudades, donde el empleo era escaso y mal pago. Habían dejado sus tierras tanto por la opresión terrateniente como por el atractivo del trabajo libre en fábricas o en obras públicas. Pero la crisis del 29 echó para atrás el proceso y muchos regresaron a sus regiones de origen, donde esas fincas ya habían sido ocupadas y eran ahora grandes haciendas. El choque trató de ser “reglamentado” mediante la Ley 200 de 36. Se salió de las manos el asunto y terminó en lo que hemos convenido en llamar “La Violencia”.

Hoy existe una realidad similar. Tres millones de campesinos “deambulan con rumbo a ninguna parte por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles de cuenta de la técnica y la inflexibilidad jurídica”, dice la Corte Suprema de Justicia. A medio millón de estos “trashumantes de la miseria y de la indiferencia” el Gobierno espera restituirles sus propiedades. Algunos en Montes de María; otros, los más, en el bajo Cauca, Sinú, Urabá, Cesar, Bolívar, Magdalena Medio, Tolima, Caquetá y Meta. Es decir, donde los paramilitares y los parapolíticos fueron y siguen siendo muy fuertes. ¿Cuál va a ser la reacción de los victimarios —o testaferros— que ocupan las tierras robadas? Preparar motosierras y fusiles. Es imperativo que a los esfuerzos por sacar adelante la Ley de Tierras, el Gobierno sume un plan para enfrentar de nuevo la ola de violencia que preparan ya los usufructuarios del despojo y los “enemigos agazapados de la paz”. No aflojarán la tierra a la vista de un juez, aun si va acompañado de un policía. Si el Gobierno se va a meter en serio en el corazón de la violencia, debe prevenir las consecuencias y afrontarlas. Ello significa quebrar la tradicional parcialidad de las FF.AA. en favor de los terratenientes, desentrañar los vínculos entre las manzanas podridas y los prohombres de la motosierra. En pocas palabras, restablecer la soberanía del poder civil sobre el militar, sin la cual, todo seguirá igual. Desde los Montes de María el país podrá ver el futuro que nos espera.

 

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