Por: Mauricio Botero Caicedo

Desigualdad = ¿Inequidad + corrupción?

SI BIEN LOS ÍNDICES DE DESIGUAL- dad en las últimas décadas han aumentado en Estados Unidos y en Europa, la cifra que publica la prestigiosa revista The Economist es inquietante: "El 10% más pobre de la población en Colombia tiene ingresos veinticinco veces menores que el 10% más rico".

Columnistas con más sesgo que alcance analítico señalan emblemas de estas desigualdades: en un extremo, a nuevos ricos que tienen casas en Cartagena con ascensor; y en otro,  a deudos que velan, cerca del Centro de Convenciones, a niños que murieron de hambre porque se acabó la pesca. El anterior señalamiento, aparte de ser caricaturesco, nada ilustra sobre las causas principales de la desigualdad. Primero, los nuevos ricos puede que sean cursis, pero probablemente son exitosos empresarios que generan decenas de miles de empleos. Segundo, la disminución de la pesca es un fenómeno global más que local, aparte de que en la Bahía de Cartagena no se pesca desde hace mucho tiempo. (Los niveles de miseria en Cartagena —uno de los municipios que teniendo el mayor precio de venta por metro cuadrado en finca raíz tiene el menor porcentaje de recaudo de impuesto predial— son inaceptables).

Pero veamos algunos casos de patente inequidad:

- Los congresistas ganan en un mes lo que un colombiano promedio gana en tres años. Pero si ganar 38 veces más fuera poco, las pensiones que disfrutan dan escalofríos: los congresistas, casi sin tener en cuenta el tiempo que han prestado servicios, tienen pensiones entre 40 y 50 veces la pensión que recibe un colombiano de ruana. (Que este columnista sepa, ningún expadre o exmadre de la patria ha renunciado a su pensión, aunque fuera de manera parcial, para favorecer a sus hijos putativos).

- Los magistrados y los jefes de los organismos de control gozan de muchos de los privilegios de los congresistas. Con base en tutelas, demandantes del sector público (y muy especialmente de la rama judicial) obtienen pensiones por encima de 20 millones, así su salario no supere cuatro millones de pesos. Es decir, una relación de 40 veces más que la pensión mínima. En un país en que 65% de la población no tiene acceso a pensión, el que los servidores públicos acudan a dudosas maniobras para apoderarse del ponqué pensional es grotesco.

En las democracias el mecanismo idóneo para lograr mayor igualdad es un recaudo equitativo de impuestos entre toda la población económicamente activa; y la utilización de estos recursos en obras que beneficien a la totalidad de la población, como son los acueductos y las carreteras. Por otra parte, los impuestos cumplen la función de redistribución de la riqueza cuando le prestan a la población, especialmente a la más vulnerable, servicios de educación, salud, recreación, y deporte.

En Colombia, gran parte del llamado “gasto social”, en vez de combatir la pobreza, va a las clases relativamente más pudientes. Según un revelador trabajo de J. Núñez (Citado por Alberto Carrasquilla en El Espectador, junio 20-11), la población que goza de 20% de mayores ingresos se queda con 44.8% de todos los subsidios que otorga el Estado, y esta cifra esta subiendo. En contraste, el 20% más pobre termina recibiendo sólo 13.7%. Para Carrasquilla: “a la presunción de gratuidad que tiene la clase media en cuanto a sus pensiones y su educación superior, se le suma la nueva presunción de gratuidad en salud. En la Constitución de hecho, la pobreza no importa”.

La corrupción se encarga de robar lo que queda del presupuesto. Una escandalosa proporción de los recursos del Estado se la embolsillan funcionarios públicos que son tan ineptos en lo técnico como venales en lo práctico. La inequidad sumada a la corrupción explica en gran parte la desigualdad.

 

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