Por: Gustavo Gallón

Desigualdad social y polarización política

"Colombia se ha caracterizado históricamente por las desigualdades económicas y un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos. Cincuenta años de conflicto armado crearon profundas divisiones en la sociedad y una cultura de aliados y enemigos”, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Su informe anual sobre nuestro país fue presentado la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y hace quince días en Bogotá.
 
Las poblaciones indígenas y afrocolombianas carecen de elementales derechos, al igual que mujeres, niñas, niños y habitantes rurales y de zonas marginadas en las ciudades. Esta “otra Colombia” es la que más sufre por la violencia, el desplazamiento, el acceso desigual a seguridad, justicia y servicios básicos: el porcentaje de pobreza en zonas rurales es de 45,9%, frente al 18,5% en las urbanas.
 
Esa desigualdad puede agravarse por las explotaciones mineras, especialmente si no se garantiza la consulta previa sobre decisiones que afectan a las comunidades étnicas. Colombia está en mora de cumplir la obligación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de reducir progresivamente las diferencias en el disfrute de los derechos humanos priorizando el gasto. La terminación del conflicto armado brindaría una oportunidad inestimable para hacerlo, potenciando la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y orientando el Plan de Desarrollo a eliminar la pobreza y la desigualdad.
 
A su turno, la polarización política se manifiesta en múltiples aspectos. Obviamente, en los asesinatos de personas protegidas, que continuaron ejecutándose por parte de la Fuerza Pública, de las Farc y del Eln, y en la utilización de niños por estas dos guerrillas durante 2014. La Oficina registró 45 asesinatos, 18 atentados y 297 amenazas contra defensores de derechos humanos entre enero y octubre.
 
Tal polarización también se manifiesta en la impunidad. “El Estado ha mirado en ocasiones hacia otro lado con respecto a violaciones cometidas por aquellos a quienes percibía como sus aliados, mientras que sectores enteros de la sociedad eran vistos como posibles enemigos”, según el informe. Por eso, invita al Gobierno a desistir de la ampliación del fuero militar y a abandonar “la creencia errónea, sostenida por algunos en las Fuerzas Armadas, de que los procesos por ejecuciones extrajudiciales son parte de una ‘guerra judicial’ contra ellos”. También invita a la Fiscalía a efectuar en los fiscales un cambio de la mentalidad contrainsurgente, para investigar en mayor medida las violaciones perpetradas por agentes estatales.
 
Las perspectivas de paz ofrecerían una oportunidad valiosa para superar la polarización política, si se asegura verdad, justicia y reparación para las víctimas y se neutralizan mediante un “enfoque integral” los grupos “post-desmovilización” (o neo-paramilitares), que a juicio del informe son el principal reto en materia de seguridad pública.
 
El trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia ha sido muy importante para evidenciar este diagnóstico. Su permanencia en el país es todavía más necesaria para vencer la desigualdad y la polarización en los años que vienen. 
 
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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