¿Desinstitucionalización?

Colombia está dejando de ser un Estado de derecho. Se parece a un “Estado de opinión”, de esos que se gobiernan con criterio mediático. Sus instituciones funcionan para defender intereses —oficiales o privados pero, al fin y al cabo, intereses— más que para interpretar la voluntad ciudadana.

Las primeras instituciones que se desdibujaron fueron los partidos políticos. Terminaron privatizados. Hoy no pertenecen a sus militantes sino a una cúpula que no se renueva, o que se renueva por la vía dinástica: los hijos, los hermanos, los sobrinos, los primos. Juan Fernando Cristo se inventó a su hermano, Juan José García se inventó a su esposa, incluso el Ñoño Elías es heredero un linaje político.

Todo eso ayuda, pero la razón fundamental de la crisis es el ineluctable tránsito de la democracia representativa a la de participación. Si la gente no necesita quién la represente porque puede representarse a sí misma, se desvaloriza la representación. Por eso el país debe empezar a pensar en construir una democracia de ciudadanos con capacidad de control social. Ese propósito debe comenzar por la democracia local.

Tampoco funciona la justicia. Por supuesto, en su seno hay jueces idóneos, probos, transparentes. Pero el sistema está contaminado por un fenómeno de corrupción tan preocupante como peligroso. Por razones de corrupción, un expresidente de la Corte Constitucional fue suspendido por el Senado de la República y dos expresidentes de la Corte Suprema fueron acusados de concierto para delinquir. Nadie, en el alto Gobierno, ni en ninguna parte, muestra interés en buscar remedio para semejante problema.

La administración pública también fue asaltada por negocios ilícitos y carteles de la contratación. Mientras tanto el Gobierno politiza la justicia hasta llegar a un extremo en que se desvanece la línea que señala la separación de poderes. En medio de la ausencia de liderazgo presidencial, aparece el espectáculo de un juez que le ordena al Congreso dar vida a un acto legislativo no promulgado. Es inocultable la desinstitucionalización.

Pero la economía tampoco funciona. El país acusa niveles preocupantes de déficit fiscal y de cuenta corriente. Ha sido incapaz de diversificar sus exportaciones y de impulsar un desarrollo científico y tecnológico. Su calificación de riesgo descendió hasta el límite más bajo del nivel medio, y el ministro de Hacienda se atreve a decir que es un simple aviso para el nuevo gobierno. No. Es una nota que reprueba su gestión.

En la sociedad colombiana hay unos sectores que mandan, otros que no obedecen y otros más que se sienten ajenos a su propia organización institucional. Todo eso ocurre porque unas decisiones políticas son tomadas por los jueces. Otras, judiciales, por los medios de comunicación. Otras más, de orden administrativo, por técnicos que han estado al servicio de los grupos económicos. Así colapsa cualquier Estado de derecho.

En medio de la crisis el poder público guarda silencio. Los órganos de control hacen ruido pero no muestran efectividad. Los ciudadanos, atónitos entre la perplejidad y la incertidumbre. Y el país, embalsamado en normas que encubren hasta “ilícitos atípicos” maquillados, eso sí, con discursos o con jurisprudencia. Es urgente cambiar ese rumbo.

* Exsenador, profesor universitario. @inefable1